Historia de Cuba
Historia de Cuba. El proceso histórico de la nación transitó por tres períodos: colonial, neocolonial y revolucionario.
Respondiendo al criterio de la formación nacional, diferenciando en su desarrollo el Período de gestación de la nacionalidad bajo el colonialismo español; el siguiente se abre con la Creación del estado nacional cubano aunque en una evidente situación de dependencia respecto a los Estados Unidos y finalmente, el Período Revolucionario.
En esta última etapa la nación caribeña alcanza una existencia plenamente soberana, tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.
Sumario
- 1 Comunidades aborígenes
- 2 Etapa colonial 1492-1898
- 3 Ocupación militar 1899-1902
- 4 Etapa neocolonial (1902-1958)
- 5 Período Revolucionario
- 6 Véase también
- 7 Bibliografía
- 8 Fuentes
Comunidades aborígenes
Los primeros habitantes de la isla de Cuba llegaron alrededor del 10 000 a. n. e. En medio de muy diferentes condiciones climáticas, con mayor cantidad de tierras emergidas en el área de Centroamérica que en la actualidad, diversos grupos de indios de la Gran Isla de Bahamas, existente en el aquel período, y, luego, del sur del Mississippi y la Florida, bajaron hacia Cuba, asentándose en ella. Más tarde, oleadas procedentes de Venezuela, ya fuese vía Nicaragua-Honduras, o a través del archipiélago antillano, arribaron a la Isla, trayendo sus costumbres araucas originales.
Resulta bastante compleja la denominación asignada a cada grupo aborigen por los estudiosos de diferentes épocas. En líneas generales, puede decirse que estos han sido llamados guanahatabeyes, ciboneyes o taínos, según, algunos; taínos o subtaínos, según otros; y cazadores, pescadores-recolectores, protoagricultores y agricultores, en estudios más veraces y recientes, en función de su estadío de desarrollo. Lo importante, en verdad, estriba en precisar que los primitivos pobladores del archipiélago no llegaron a este de una vez por todas, sino que aún continuaban asentándose en el mismo a fines del siglo XV, y la conquista y colonización españolas paralizó su evolución cultural en Cuba.
Dichas culturas estuvieron muy lejos de alcanzar el grado de desarrollo y complejidad observables en Tierra Firme. Ciertos grupos conocían de antiguo la agricultura y la cerámica; todos utilizaban el fuego y se ocupaban de la caza, la pesca y la recolección de alimentos. El maíz, el tabaco, y sobre todo, la yuca, constituían parte fundamental de su producción agrícola. Los más avanzados vivían en aldeas de pequeño tamaño, en casas construidas en lugares firmes, o a orillas del mar y de los ríos.
Los historiadores estiman que a la llegada de Cristóbal Colón a Cuba, la isla estuvo habitada por unos 300 mil indios. Estos grupos estaban llegando, en 1492, a un grado superior de vida, anímica, con una superestructura que ya incluía enterrar a sus muertos, y una incipiente división interna de las funciones dentro del grupo, entre el jefe (cacique) y el resto de la población, de la cual se destacaba el individuo encargado de las funciones religiosas, llamado behique. La elaboración de pictografías y ciertos juegos (batos) y bailes (areitos) reflejan la complejidad anímica que muy lentamente alcanzaba la sociedad aborigen de la región oriental cubana a la llegada de los españoles. Cinco siglos después, la toponimia insular debe mucho aún a estos primeros pobladores.
El clima noble, la variada flora con abundantes alimentos naturales desde frutas hasta tubérculos que aún hoy forman parte de la dieta de los cubanos como el boniato y la yuca así como la inexistencia de animales peligrosos, favorecían de manera especial la vida de los pobladores originales del archipiélago. Entonces sólo los huracanes ―cuyo paso desde luego era imposible de pronosticar― constituían una amenaza a la vida, pero aún frente a ellos existía el amparo protector de las cuevas.
Aunque la cultura aborigen fue prácticamente exterminada, se reconoce aún su presencia en comidas típicamente criollas, como el ajiaco, un cocido de carnes, tubérculos y vegetales; y el casabe, una especie de torta de yuca. Su lengua se mantiene aún para denominar lugares de la ciudad de La Habana, como Uyanó (en la actualidad Luyanó), nombre con el cual se designa un arroyo y un barrio habanero; Guasabacoa, nombre de una de las ensenadas de la bahía habanera; y Guanabacoa, territorio que en la lengua aborigen significa poblado entre colinas y manantiales, y en donde quedan muy pocos de sus descendientes mezclados con otras culturas posteriores.
Etapa colonial 1492-1898
Llegada de Colón
Durante el primer viaje de Cristóbal Colón, la primera isla visitada y conocida por los nativos como Guanahani fue bautizada con el nombre de San Salvador, la segunda con el nombre de Santa María de la Concepción (Rum Cay), la tercera la bautizó Fernandina (isla Long) en honor a Fernando II de Aragón por su gran tamaño, y a la isla llamada Samaet por los nativos la bautizó como Isabela (Crooked Island) en honor a Isabel I de Castilla. Es en esta última isla el 21 de octubre de 1492 donde Colón escucha hablar a los nativos de la isla llamada Colba (Cuba) y de Bohío (La Española). Colón se entusiasmó, pues estaba convencido de que Colba era Cipango, incluso portaba cartas de los Reyes Católicos dirigidas al Gran Khan, pues el objetivo del viaje era precisamente viajar a las tierras de oriente en busca de perlas y oro.
Acompañado de diez nativos de Guanahani, el miércoles 24 de octubre partió de la isla Isabela en busca de Cuba, después de cruzar unos bancos de arena (Banco de Colón o Islas Brulle) en la tarde lluviosa del sábado 27 de octubre de 1492 avistaron la isla. Al día siguiente navegaron por un río descrito como «muy hermoso y sin peligro de bajas ni otros inconvenientes, con una boca de doce brazas y bien ancha para barloventear», dijo el almirante:
Bajaron a tierra y encontraron dos casas que creyeron de pescadores, por las redes de hilo de palma, cordeles y anzuelos así como aparejos de pesca. Se cree que el lugar es actualmente la bahía Bariay, a la cual Colón bautizó como el «río y puerto de San Salvador», navegando hacia el poniente encontró un pequeño río al que bautizó con el nombre de «río de la Luna», poco después uno más grande al que bautizó como el «río de los Mares» (puerto de Gibara, Bartolomé de las Casas lo identificó como Baracoa), donde Colón se detuvo por dos semanas manteniendo contacto con los nativos. El capitán de la Pinta comunicándose con los nativos entendió que Cuba era una ciudad en tierra firme, y que al norte había un rey que tenía guerra con el Gran Khan, pero lo que realmente intentaban comunicar los nativos era que al norte existía una provincia llamada «Cubanacán».
Colón bautizó a la isla con el nombre de Juana ―en honor a Juan de Aragón y Castilla quién aún vivía y era el heredero a la corona de los Reyes Católicos, patrocinadores del viaje―. Frecuentemente se piensa que fue bautizada en honor a Juana I de Castilla, lo que es un error, pues esta solo fue posteriormente la heredera del trono tras las muertes del príncipe Juan (4 de octubre de 1497) y de su hermana mayor Isabel de Aragón y Castilla (23 de agosto de 1498). Su insularidad fue probada luego de un bojeo llevado a cabo entre 1509 y 1510 por Sebastián de Ocampo.
Años más tarde, el nombre de Fernandina fue trasladado a la isla de Cuba por su gran tamaño en comparación a la isla Long, también se le pretendió asignar el nombre de Santiago por la ciudad que fundó Diego Velázquez de Cuéllar en 1515. Sin embargo la isla siempre fue referida con el nombre de Cuba, ya sea por Cubanacán o por una derivación de Colba.
Conquista y colonización
En el caso de Cuba, la riqueza ―oro, plata, anhelados largamente por un capitalismo europeo en despegue― casi no existía, lo cual hizo, entre otros factores, que Cristóbal Colón priorizase a Santo Domingo a la hora de establecer el primer asiento de españoles en América. Dicha decisión trajo consigo un relativo desinterés de la monarquía por Cuba, que se mantendría durante quince años más.
Ya en 1508, la preocupación del trono español tomó visos manifiestos al transmitirle a Nicolás Ovando, gobernador de La Española, la disposición referente a bojear (explorar por mar) la isla grande. Este bojeo fue realizado por Sebastián de Ocampo, quien demostró la insularidad de Cuba. Poco después, en 1510, las pugnas internas entre el trono de Castilla y Diego Colón, hijo del Almirante y nuevo gobernador de La Española, hicieron que se prefiriese a Diego Velázquez, por encima de Bartolomé Colón, para iniciar el proceso de conquista y colonización insular.
Velázquez llegó a Cuba, procedente de La Española, por la región de Maisí. Sus instrucciones ―incorporar a la mayor de las Antillas a la órbita de la Corona― no eran difíciles de cumplimentar, dada la poca resistencia efectiva que los indios cubanos podían ofrecer. El militar español fundó la primera villa de Cuba (Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa) entre fines de 1510 y principios de 1511, y con rapidez organizó la expansión por el resto del territorio. Un bergantín por la costa norte; una columna al mando de Pánfilo de Narváez, deudo de Velázquez, y quien sustituyó a Francisco de Morales, que no lo era, por el centro-norte; y el propio Velázquez, por el sur, iniciaron la penetración española por tierras cubanas. Este proceso, si bien dificultado a veces por los débiles intentos de aborígenes de resistencia, en particular la oposición del cacique quisqueyano Hatuey ―primera víctima de los conquistadores en Cuba, quemado vivo en la hoguera―, fue relativamente fácil de concluir.
Descontando la villa de Baracoa, entre 1512 y 1515 el territorio cubano fue incorporado a los nacientes dominios españoles en el Nuevo Mundo mediante las seis villas creadas: San Salvador de Bayamo, Trinidad, San Cristóbal de La Habana, Sancti Spíritus, Santa María del Puerto del Príncipe y Santiago de Cuba. Esta última desplazó a Baracoa, en 1515, como sede del Gobierno insular. Un reacomodo de los sitios fundacionales trajo como consecuencia que La Habana, Trinidad y Puerto Príncipe cambiasen de emplazamiento, hasta llegar finalmente a su ubicación actual.
La concepción española traída por Velázquez a Cuba ―desarrollo de una colonia por poblamiento― facilitaba la penetración en la Isla, pero, al mismo tiempo, creaba las bases para enfrentamientos posteriores en el máximo órgano de dirección local, el Cabildo, constituido por regidores que elegían de entre ellos a un alcalde, y la propia monarquía, por medio de sus funcionarios. El cabildo, formado por vecinos de cada villa, constituyó, con el paso de los años, una oligarquía cada vez más cerrada, con intereses propios, específicos de cada región, que en múltiples ocasiones chocaron con los intereses metropolitanos. Los funcionarios españoles en Cuba, descontado al gobernador, eran, principalmente, el veedor (factor), el contador y el tesorero. Además, fue creado el cargo de procurador, o representante del Cabildo en la Corte. Paralelo a esta estructura, se sentía, de manera enormemente fuerte, la presencia de la Iglesia Católica, ya que una (o la más importante, según se decía) de las obligaciones de España era catequizar a los aborígenes. Funcionarios reales, Cabildo e Iglesia constituyen así una tríada sin la cual no puede entenderse la estructura inicial gubernativa aplicada en Cuba.
El interés fundamental de los conquistadores, la búsqueda de oro, no fue satisfecho en Cuba. La Isla no poseía grandes yacimientos de ese metal; por el contrario, su escasez era notoria. Solamente se pudo obtener un poco gracias al lavado de arenas de los ríos, arduo trabajo, realizado por los indios y que no fue más allá del año 1542, si bien desde mucho antes ya se había desplazado la explotación aurífera por la cría de ganado vacuno, porcino y caballar, con vistas tanto al consumo como a la exportación a los nuevos territorios del continente, especialmente a la Nueva España. Traído de Europa, en condiciones boscosas del clima tropical cubano, el ganado prosperó tremendamente y constituyó el renglón fundamental, sustituto de la minería, la naciente y precaria economía insular. Junto a esto, la necesidad de subsistir obligó a los españoles a adaptarse a consumir plantas propias de la agricultura aborigen, tales como la yuca, con la cual se elabora el casabe, torta que podía sustituir al pan; y el tabaco, que, lenta, pero constantemente, aumentaría su importancia económica. Fuese para salarlo en tasajo, o para utilizar sus cueros, el ganado fue la vía de escape productiva de los españoles que no abandonaron la Isla para participar en la conquista de Tierra Firme.
Estos españoles no vinieron a América para trabajar, en sentido estricto, sino a enriquecerse para repatriarse, cuando lo hubiesen conseguido. Por eso Velázquez, sin estar autorizado para ello, repartió la tierra conquistada a los indios a su hueste guerrera conquistadora, lo que implicó desposeer a sus legítimos dueños. Este otorgamiento no implicaba la propiedad jurídica sobre la tierra, sino el derecho a su utilización, pagando a los monarcas y a la Iglesia los derechos correspondientes. A largo plazo, dentro de la historia nacional, el proceso señalado traería, siglos después, gravísimos problemas para el desarrollo del capitalismo en Cuba.
Junto al hecho del reparto de mercedes, el cual podía hacerse bajo distintas formas, tales como estancias, y luego hatos y corrales, se hizo el reparto de los indios que la trabajarían. Estos repartos, conocidos con el nombre de encomiendas, vinculaban al indio a un español, no bajo la forma de la esclavitud clásica, sino en un carácter similar al del siervo. Los aborígenes debían trabajar a veces catorce horas diarias, desarraigados, completamente de su modo de vida original. En sus comienzos, los indios encomendados se ocuparon del lavado de las arenas de los ríos para la obtención de oro y, con posterioridad pasaron masivamente a labores agrícolas, imprescindibles para la subsistencia de los europeos.
Mucho se ha escrito sobre la desaparición de los indios cubanos, debida a los maltratos sufridos a manos de los encomendadores. Esto, históricamente, es válido. Pero también lo es el hecho de que el sistema de trabajo en encomiendas rompió el ciclo de reproducción natural aborigen, cuya natalidad disminuyó de manera inconcebible. La ausencia de mujeres blancas provocó, desde la arrancada de la colonización, un gran mestizaje de españoles nativos, que fueron siendo absorbidos racialmente. A ello se unen las enfermedades llegadas de Europa, desconocidas en América, las cuales mermaron grandemente a los naturales, así como los suicidios de estos, incapaces, lógicamente, de adaptarse al régimen de trabajo y a las características de la civilización española.
Para resolver los problemas de fuerza de trabajo, desde la primera década de la colonización, los españoles introdujeron negros africanos, mucho más resistentes que los indios a los rigores de la explotación. Primero, en pequeñas partidas esporádicas, luego, más establemente, los negros llegaron a Cuba desde muy temprano, incorporándose al proceso de mestizaje, que incluía, así, a indios, blancos y negros. A la par, trajeron sus universos culturales (dada la heterogeneidad de etnias que atravesaron el Atlántico), los cuales también comenzaron a mezclarse con prontitud, en el mosaico español-aborigen. A mediados de los años cincuenta del siglo XVI, ciertos rasgos futuros, definitorios de la nacionalidad cubana, entre ellos el crisol racial, comenzaban a florecer hermosamente.
Siglos XVI, XVII y XIII
Corsarios y piratas
Los corsarios de las naciones enemigas de España, en sus depredaciones por las Antillas, desembarcaron no pocas veces en Cuba.[1] En distintas épocas, Francis Drake, Francisco Nau o Henry Morgan visitaron el territorio cubano, fuese para arrasar determinada villa, o para «rescatar» (comerciar). Cuba resultaba presa fácil para los ataques de corsarios y piratas, pues el despoblamiento, el abandono por parte del Gobierno español, la indefinición de sus pobladores y su condición de Isla los favorecía. Así, el primer ataque a las costas cubanas se llevó a cabo en 1538 por corsarios franceses, los que aprovecharon la guerra entre Francia y España, para atacar en dos ocasiones las naves procedentes de México que se encontraban en el puerto de La Habana, Al año siguiente entraron en la población, saquearon la iglesia, se apoderaron de todos los objetos de valor e incendiaron el caserío. En ese mismo año, atacaron una nave española en el puerto de Santiago de Cuba e intentaron atacar la población, pero se retiraron sin hacerlo.
Uno de los corsarios franceses más famosos y temidos de la época fue Jacques de Sores.
La cultura insular se benefició de esto. No solo los pobladores entraron en contacto con otros pueblos y naciones, diferentes por supuesto a la civilización española, sino que, del ataque del pirata Gilberto Girón a la región de Bayamo, en 1604, donde tomó de rehén al obispo Juan de las Cabezas Altamirano, y de su rescate por los habitantes de la villa surgió, en 1608, la primera gran composición poética de tema cubano en la Isla, Espejo de paciencia, del canario Silvestre de Balboa, buena muestra de ciertas inquietudes culturales ya presentes en la población. Si bien la Paz de Ryswick, en 1697, no resolvió por completo para España el problema del contrabando, si lo redujo a proporciones aceptables.
Desarrollo económico
Una vez culminado el proceso de conquista y colonización, y establecidos en su forma inicial los mecanismos de poder españoles sobre la Isla, la evolución económica de esta transcurrió de manera lenta, de acuerdo con la priorización que España imponía a los nuevos territorios americanos. Sin reservas de oro o metales preciosos, Cuba sufrió un despoblamiento inicial, en función de la conquista de México y de expediciones, como la de Hernando de Soto a La Florida. Los españoles que no abandonaron la Isla fueron adaptándose a ella con mayor rapidez de lo que se hubiera podido esperar. A mediados del siglo XVI, una nueva generación de pobladores, cuya mayoría era nacida en la gran Antilla, se hacía notar en el naciente mundo colonial.
La importancia de la ganadería vacuna, tanto en su función económica hacia dentro (alimento para población), como hacia afuera (exportación de cueros y carne salada), se mantuvo a todo lo largo de los siglos XVI y XVII, y llegó, incluso, a abarcar una buena parte de la primera mitad del siglo XVIII. Enormes haciendas ganaderas, muchas de las cuales habían sido repartidas en forma de hatos.[3] componían el panorama determinante de apropiación del territorio insular. Sin embargo, muy pronto dichas haciendas comenzaron a sufrir la competencia de la agricultura comercial, la cual llevaría a la gran disolución de una gran cantidad de ellas.
El tabaco, sembrado en vegas a orillas de los ríos, constituía un cultivo especializado que los españoles aprendieron rápidamente a producir, cosechar y procesar en la forma elemental de los propios aborígenes, lo cual no demandaba grandes extensiones de tierra ni un desembolso sustancial de capital. El incremento de su consumo tanto en la Isla como en Europa, trajo un constante aumento de su producción. Si a esto se suma el cultivo de plantas alimenticias para los habitantes de las villas, sobre todo de La Habana, centro del comercio español en las Indias, se comprende que la hacienda ganadera sufriese con rapidez los embates de otras producciones de mayor rentabilidad. La estructura de Gobierno español y, sobre todo, el Cabildo en cada villa, trataron de proteger a los hacendados, quienes constituían, desde los primeros tiempos de la colonización, el grupo social de mayor poder y capacidad de presión. Pero las necesidades crecientes de la Corona, en lo referente a la alimentación de las tropas y marinos reunidos en La Habana, durante meses, y la ganancia proporcionada por los impuestos derivados de la exportación de productos relacionados con la agricultura comercial, hicieron que la legislación colonial fuese muy irregular, y que los pleitos entre hateros y agricultores sobre todo los vegueros, establecidos en el interior de las haciendas ganaderas, llenasen todo un capítulo de la historia inicial de Cuba.
El monopolio comercial español, establecido desde el principio de la colonización a través de la Casa de Contratación de Sevilla, se dejó sentir con especial fuerza en Cuba, que, no siendo una región priorizada por España en la primera mitad del XVI, no recibía apenas los productos europeos imprescindibles. Ya en 1566, con la creación definitiva del sistema de Flotas para el comercio entre España e Indias, estos comenzaron a reunirse en el puerto de La Habana, el cual se convirtió, así, en el principal del continente. Si bien los galeones solo debían permanecer en la rada habanera unas pocas semana, los atrasos habituales determinaban la prolongación de la estancia por varios meses, lo que representó para la villa y para la zona rural de los alrededores un aumento considerable de población y un enorme estímulo para la producción de artículos diversos, que quienes esperaban para marchar hacia Europa consumían ávidamente. Asimismo, el número de posadas y tabernas citadinas creció de manera extraordinaria, al igual que la prostitución, sobre todo de negras esclavas, autorizadas por sus dueños para trabajar, «a ganar», según frase de la época.
La influencia del sistema de Flotas obligó a introducir algunas mejoras en las condiciones urbanas de la capital. La edificación de la Iglesia Parroquial Mayor, comenzada en 1550 y terminada en 1574, así como de los conventos de Santo Domingo (construido inicialmente de tablas y guano) en 1578 y reconstruido en 1587, y San Francisco, inicado en 1584, contribuyó a darle aires citadinos a La Habana. La construcción de la Zanja Real en 1592, vale decir, del primer acueducto, por Juan de Texeda, que desde el río Almendares hasta la actual Plaza de la Catedral surtía de agua al vecindario y a la Flota, mejoró sustancialmente la imagen urbana, al igual que el Real Decreto que la convertía en ciudad. En el interior, la lenta ocupación poblacional del espacio geográfico se materializó en la fundación de algunas parroquias rurales, esfuerzo eclesiástico evidente en las visitas periódicas que hacían los obispos a diferentes regiones y, sobre todo, en la fundación de las villas de Santa Clara, al centro de Cuba, y Matanzas, en la costa norte, cerca de La Habana, a fines del siglo XVII.
La subida al trono español de la Dinastía Borbón a principios del siglo XVIII, trajo aparejada una modernización de las concepciones mercantilistas que presidían el comercio colonial. Lejos de debilitarse, el monopolio se diversificó y se dejó sentir de diverso modo en la vida económica de las colonias.
En el caso cubano, ello condujo a la instauración del estanco del tabaco, destinado a monopolizar en beneficio de la Corona la elaboración y comercio de la aromática hoja, convertida ya en el más productivo renglón económico de la Isla. La medida fue resistida por comerciantes y cultivadores, lo que dio lugar a protestas y sublevaciones, la tercera de las cuales fue violentamente reprimida mediante la ejecución de once vegueros en Santiago de las Vegas, población próxima a la capital. Imposibilitados de vencer el monopolio, los más ricos habaneros decidieron participar de sus beneficios. Asociados con comerciantes peninsulares, lograron interesar al Rey y obtener su favor para constituir una Real Compañía de Comercio de La Habana (1740), la cual monopolizó por más de dos décadas la actividad mercantil de Cuba.
Después del ataque de Jacques de Sores a La Habana, España ordenó la fortificación de la ciudad, pero para hacerlo se necesitaba dinero y esclavos y la Isla carecía de ambas cosas. Es por ello que la Corona ordenó que de la plata de México se situaran, a la orden del gobernador de la Isla, diversas sumas de dinero para edificar las fortalezas. Estas sumas fueron conocidas con el nombre de «situados» y gran cantidad de negros esclavos africanos fueron introducidos en Cuba con el fin de que trabajaran en las fortificaciones.
En la segunda mitad del siglo XVI, se construyó el Castillo de la Real Fuerza. En sus bóvedas se guardaba el oro y la plata que traían flotas desde México y Perú hasta que estas partían hacia España. Posteriormente, La Fuerza de convirtió en residencia de los gobernadores de la Isla.
Pronto se vió la necesidad de fortificar los dos extremos de la entrada de la había, por lo que en 1590 se iniciaron las obras del Castillo de los Tres Reyes (El Morro) y la Fortaleza de La Punta, los cuales se terminaron 40 años después en 1630. Para dirigir la construcción de las fortalezas de El Morro y La Punta fue llamado el famoso ingeniero militar italiano Juan Bautista Antonelli. Después de construido El Morro, los técnicos militares recomendaron la construcción de otra fortificación en la loma llamada de La Cabaña; sin embargo, España no la autorizó en aquellos momentos.
En La Habana fueron construidos torreones en La Chorrera, Cojímar y San Lázaro. La construcción de las murallas duraron más de un siglo, desde 1674 hasta 1797, cuando ya prácticamente la ciudad no cabia entre sus muros. Mientras, en Santiago de Cuba se construyó el Castillo de San Pedro de la Roca.
La Isla, en su conjunto, no se benefició con el sistema de Flotas pues solo representó un adelanto para La Habana. Las villas del interior, abandonadas a su suerte y carentes de recursos elementales necesarios a sus pobladores, desarrollaron con rapidez un comercio irregular, fuera de los moldes coloniales, conocido con el nombre de comercio de contrabando o comercio de rescate. Este se efectuaba utilizando los ríos y los múltiples accidentes costeros cubanos, con corsarios y piratas ingleses, franceses y holandeses, cuyas naciones disputaban a España el dominio del Mar Caribe. Entregando productos «de la tierra», los habitantes de las villas cubanas recibían aquellas mercancías que el régimen colonial no les suministraba. En este comercio participaban, por igual, el Cabildo local, los vecinos y las autoridades españolas de la zona porque las necesidades eran semenjantes para todos los grupos sociales.
España hizo fuertes intentos por prohibir, vigilar y condenar el contrabando, con muy poco éxito. Designado por el gobernador Don Pedro de Valdés, su asesor Melchor Suárez de Poago trató de controlar la situación del contrabando en Bayamo, a principios del siglo XVII, ya que dicha zona constituía el foco principal de este comercio. Prevenidos, los vecinos (posiblemente ayudados por los rescatadores extranjeros) hicieron imposible la prosecución del expediente judicial iniciado, que al ventilarse en la Audencia de Santo Domingo, de la cual Cuba dependía, fue suspendido. Este hecho constituye una muestra fehaciente de las contradicionnes primarias que se veían entre los Gobiernos locales, compuestos por insulares, y el Gobierno de la Metrópoli.
España trató de estructurar cierto control sobre los habitantes de la Isla que impidiese la pérdida de riquezas por vía del contrabando, y al mismo tiempo permitiese readecuar los mecanismos de dominación a la creciente importancia de La Habana. En 1607, una Real Orden convalidaba algo que desde 1553 había sucedido: el establecimiento de la capital insular en la propia ciudad, a la par que dividía a Cuba en dos Gobiernos, el de La Habana y el de Santiago de Cuba, este último subordinado al primero. El desconocimiento que de las realidades cubanas tenía España, cien años después de la conquista, provocó un suceso simpático: las villas de Trinidad, Remedios y Sancti Spíritus no fueron adscritas a ninguno de los Gobiernos, con lo cual sus habitantes pudieron autogobernarse durante largos años.
El siglo XVIII fue escenario de sucesivas guerras entre las principales potencias europeas, que en el ámbito americano persiguieron un definido interés mercantil. Todas ellas afectaron a Cuba de uno u otro modo, pero sin duda la más trascendente fue la Guerra de los Siete Años (1756-1763), en el curso de la cual La Habana fue tomada por un cuerpo expedicionario inglés. La ineficacia de las máximas autoridades españolas en la defensa de la ciudad contrastó con la disposición combativa de los criollos, expresada sobre todo en la figura de Pepe Antonio, valeroso capitán de milicia de la cercana villa de Guanabacoa, muerto a consecuencia de los combates. Durante los once meses que duró la ocupación inglesa ―agosto de 1762 a julio de 1763―, La Habana fue teatro de una intensa actividad mercantil que pondría de manifiesto las posibilidades de la economía cubana, hasta ese momento aherrojada por el sistema colonial español.
Al restablecerse el dominio hispano sobre la parte occidental de la Isla, el Rey Carlos III y sus ministros «ilustrados» adoptaron una sucesión de medidas que favorecerían el progreso del país. La primera de ellas fue el fortalecimiento de sus defensas, de lo cual sería máxima expresión la construcción de la imponente y costosísima fortaleza de San Carlos de La Cabaña en La Habana; a esta se sumarían numerosas construcciones civiles, como el Palacio de los Capitanes Generales (de Gobierno) y religiosas, como la Catedral, devenidas símbolos del paisaje habanero.
El comercio exterior de la Isla se amplió, a la vez que se mejoraron las comunicaciones interiores y se fomentaron nuevos poblados como Pinar del Río y Jaruco. Otras medidas estuvieron encaminadas a renovar la gestión gubernativa, particularmente con la creación de la Intendencia y de la Administración de Rentas.
En este contexto se efectuó el primer censo de población (1774) que arrojó la existencia en Cuba de 171 620 habitantes.
Otra serie de acontecimientos internacionales contribuyeron a la prosperidad de la Isla. El primero de ellos, la guerra de independencia de las Trece Colonias inglesas de Norteamérica, durante la cual España ―partícipe del conflicto― aprobó el comercio entre Cuba y los colonos sublevados. La importancia de este cercano mercado se pondría de manifiesto pocos años después, durante las guerras de la Revolución Francesa y el Imperio napoleónico, en las cuales España se vio involucrada con grave perjuicio para sus comunicaciones coloniales.
En esas circunstancias se autorizó el comercio con los «neutrales» ―Estados Unidos― y la economía de la Isla creció vertiginosamente, apoyada en la favorable coyuntura que para los precios del azúcar y el café creó la revolución de los esclavos en la vecina Haití. Los hacendados criollos se enriquecieron y su flamante poder se materializó en instituciones que, como la Sociedad Económica de Amigos del País y el Real Consulado, canalizaron su influencia en el Gobierno colonial. Lidereados por Francisco de Arango y Parreño, estos potentados criollos supieron sacar buen partido de la inestable situación política y, una vez restaurada la dinastía borbónica en 1814, obtuvieron importantes concesiones como la libertad del comercio, el desestanco del tabaco y la posibilidad de afianzar legalmente sus posesiones agrarias. Pero tan notable progreso material se basaba en el horroroso incremento de la esclavitud.
Esclavitud
A partir de 1790, en sólo treinta años, fueron introducidos en Cuba más esclavos africanos que en el siglo y medio anterior. Con una población que en 1841 superaba ya el millón y medio de habitantes, la Isla albergaba una sociedad sumamente polarizada; entre una oligarquía de terratenientes criollos y grandes comerciantes españoles y la gran masa esclava, subsistían las disímiles capas medias, integradas por negros y mulatos libres y los blancos humildes del campo y las ciudades, estos últimos cada vez más remisos a realizar trabajos manuales considerados vejaminosos y propios de esclavos. La esclavitud constituyó una importante fuente de inestabilidad social, no sólo por las frecuentes manifestaciones de rebeldía de los esclavos ―tanto individuales como en grupos― sino porque el repudio a dicha institución dio lugar a conspiraciones de propósitos abolicionistas.
Entre estas se encuentran la encabezada por el negro libre José Antonio Aponte, abortada en La Habana en 1812, y la conocida Conspiración de la Escalera (1844), que originó una cruenta represión. En esta última perdieron la vida numerosos esclavos, negros y mulatos libres, entre quienes figuraba el poeta Gabriel de la Concepción Valdés (Plácido). El desarrollo de la colonia acentuó las diferencias de intereses con la metrópoli. A las inequívocas manifestaciones de una nacionalidad cubana emergente, plasmadas en la literatura y otras expresiones culturales durante el último tercio del siglo XVIII, sucederían definidas tendencias políticas que proponían disímiles y encontradas soluciones a los problemas de la Isla.
Movimientos reformistas y anexionistas
El cauto reformismo promovido por Arango y los criollos acaudalados encontró continuidad en un liberalismo de corte igualmente reformista encarnado por José Antonio Saco, José de la Luz y Caballero y otros prestigiosos intelectuales vinculados al sector cubano de los grandes hacendados. La rapaz y discriminatoria política colonial de España en Cuba tras la pérdida de sus posesiones en el Continente, habría de frustrar en reiteradas ocasiones las expectativas reformistas. Esto favoreció el desarrollo de otra corriente política que cifraba sus esperanzas de solución de los problemas cubanos en la anexión a Estados Unidos. En esta actitud convergía tanto un sector de los hacendados esclavistas que veía en la incorporación de Cuba a Estados Unidos una garantía para la supervivencia de la esclavitud ―dado el apoyo que encontrarían en los estados sureños―, como individuos animados por las posibilidades que ofrecía la democracia estadounidense en comparación con el despotismo hispano. Los primeros, agrupados en el «Club de La Habana» favorecieron las gestiones de compra de la Isla por parte del Gobierno de Washington, así como las posibilidades de una invasión «liberadora» encabezada por algún general estadounidense.
En esta última dirección encaminó sus esfuerzos Narciso López, general de origen venezolano que, tras haber servido largos años en el ejército español, se involucró en los trajines conspirativos anexionistas. López condujo a Cuba dos fracasadas expediciones, y en la última fue capturado y ejecutado por las autoridades coloniales en 1851. Otra corriente separatista más radical aspiraba a conquistar la independencia de Cuba. De temprana aparición ―en 1810 se descubre la primera conspiración independentista lidereada por Román de la Luz―, este separatismo alcanza un momento de auge en los primeros años de la década de 1820. Bajo el influjo coincidente de la gesta emancipadora en el continente y el trienio constitucional en España, proliferaron en la Isla logias masónicas y sociedades secretas. Dos importantes conspiraciones fueron abortadas en esta etapa, la de los Soles y Rayos de Bolívar (1823), en la que participaba el poeta José María Heredia ―cumbre del romanticismo literario cubano― y más adelante la de la Gran Legión del Aguila Negra alentada desde México.
También por estos años, el independentismo encontraba su plena fundamentación ideológica en la obra del presbítero Félix Varela. Profesor de filosofía en el Seminario San Carlos en La Habana, Varela fue electo diputado a Cortes en 1821 y tuvo que huir de España cuando la invasión de los «cien mil hijos de San Luis» restauró el absolutismo. Radicado en Estados Unidos, comenzó a publicar allí el periódico El Habanero, dedicado a la divulgación del ideario independentista. Su esfuerzo, sin embargo, tardaría largos años en fructificar pues las circunstancias, tanto internas como externas, no resultaban favorables al independentismo cubano.
En los años posteriores, la situación económica cubana experimentó cambios significativos. La producción cafetalera se derrumbó abatida por la torpe política arancelaria española, la competencia del grano brasileño y la superior rentabilidad de la caña.
La propia producción azucarera se vio impelida a la modernización de sus manufacturas ante el empuje mercantil del azúcar de remolacha europeo. Cada vez más dependiente de un solo producto ―el azúcar― y del mercado estadounidense, Cuba estaba urgida de profundas transformaciones socioeconómicas a las cuales la esclavitud y la expoliación colonial española interponían grandes obstáculos.
El fracaso de la Junta de Información convocada en 1867 por el Gobierno metropolitano para revisar su política colonial en Cuba, supuso un golpe demoledor para las esperanzas reformistas frustradas en reiteradas ocasiones. Tales circunstancias favorecieron el independentismo latente entre los sectores más avanzados de la sociedad cubana, propiciando la articulación de un vasto movimiento conspirativo en las regiones centro orientales del país.
Luchas por la independencia
Guerra de los Diez Años (1868-1878)
Causas e inicio
El surgimiento del movimiento de liberación nacional cubano, tuvo profundas causas de carácter interno y también externo, que lo enmarcaron, visibilizaron y le imprimieron no pocas de sus especificaciones. Factores de tipo interno tales como el creciente grado de explotación colonialista que España ejercía sobre Cuba; la imperiosa necesidad histórica de abolir la esclavitud, y la madurez patriótica alcanzada por ciertos grupos terratenientes centro-orientales, que les permitió echar a andar una revolución anticolonial, se hacen presentes en la hora crucial de efectuar un levantamiento armado. Junto a ellos, hay algunos factores externos a la realidad socioeconómica cubana, que influyen poderosamente en la decisión revolucionaria. Entre esos destacan: la existencia de la Revolución de Septiembre en España, es decir, el clima de inestabilidad política insular; las declaraciones de Ulysses S. Grant, futuro presidente estadounidense, no muy favorables a Madrid, por el apoyo prestado a los secesionistas sureños durante la guerra civil de 1861-1865; la atmósfera antiespañola que late en las naciones hermanas del continente por la invasión francesa a México, apoyada por España; la anexión de Santo Domingo, en los años sesenta; la guerra contra Chile y Perú;[4] y la proclamación por los puertorriqueños, mediante el Grito de Lares, de la independencia de la isla, si bien esto fue sofocado con celeridad. Dichos factores, dándose la mano, hicieron que los independentistas cubanos considerasen llegado el momento de hacer, usando una frase martiana, «la Patria libre».
El proceso conspirativo antiespañol, desarrollado a partir de 1867, tuvo espacio en la región del centro-oriente cubano, con especial fuerza en Bayamo, Manzanillo y el Camagüey. La dirección estuvo a cargo del sector terrateniente no vinculado de manera directa con la plantación esclavista, cuyos propietarios no se convirtieron en promotores de un movimiento nacional-liberador. Las capas intermedias de la población insular y, de manera abrumadora, el campesinado, fueron las clases sociales que constituyeron la base social de la Revolución, apoyadas también, en planos de dirección, por una intelectualidad muy comprometida con los destinos del país. Los esclavos, liberados con esa finalidad, engrosaron el futuro Ejército Libertador y lograron alcanzar dentro de él ciertas posiciones relevantes. Los obreros, en su inmensa mayoría ubicados en la región occidental y muy pocos en número, no tuvieron dentro del movimiento el peso que de ellos podía esperarse.
Francisco Vicente Aguilera, Pedro (Perucho) Figueredo, Carlos Manuel de Céspedes, Vicente García, Salvador Cisneros y Miguel Jerónimo Gutiérrez, ejemplifican a este grupo de terrateniente revolucionarios, empeñados en expulsar a España de Cuba. Reunidos en sus pueblos originales, fueron vertebrando la conspiración anticolonial a través de logias masónicas y en sesiones supuestamente culturales, entrando en contacto los comprometidos de cada región cubana, particularmente orientales y camagüeyanos, un poco más rezagados los villareños. Sin que lograran en un principio un acuerdo general sobre la fecha de alzamiento, finalmente, el día aceptado sufrió varias modificaciones dada la premura y la radicalidad ideológica del grupo manzanillero liderado por Céspedes. Dicho grupo adelantó, por diversas razones, el inicio del combate para el 10 de octubre de 1868. Este brillante día los cubanos inauguraron la vía de la lucha armada para resolver las contradicciones imperantes en la sociedad colonial en que vivían.
Grito de independencia y primeras acciones
Devenido Céspedes en jefe de la Revolución, en la fecha señalada, dio el grito de independencia en su ingenio La Demajagua, e hizo dos cosas de amplia trascendencia: liberó a sus esclavos y dio a conocer un documento, llamado en la historia nacional Manifiesto del Diez de Octubre. En el mismo se explicaban las razones de los cubanos para separarse de España y, entre otros elementos de interés, se planteaba un deseo de abolición gradual de la esclavitud, con indemnización al propietario, expresión cabal de la poca fuerza con que aún contaba el naciente movimiento; se centraban las operaciones civiles y militares en una sola persona (el propio Céspedes), inaugurándose así una forma de Gobierno, el mando único, tremendamente debatida dentro del movimiento de liberación nacional.
A pasos acelerados, la Revolución ampliaría su escenario en la zona oriental. Miles de negros, blancos y mulatos libres se incorporaron a la lucha en los días siguientes al 10 de octubre. Las bisoñas tropas mambisas, que comenzaban a ser entrenadas por militares dominicanos radicados de antaño en la región suroriental y entre los cuales descollaría Máximo Gómez, comenzaron a demostrar la validez del machete en función de la independencia. La toma de Bayamo en el propio mes de octubre, dio una capital a la naciente Revolución; la primera carga al machete ocurrida en Pino de Baire en noviembre de 1868, la creación del periódico mambí El Cubano Libre, la divulgación de la letra del Himno Nacional, son hechos que hablan de la fuerza inicial del movimiento. Poco después, el 4 de noviembre de 1868, los camagüeyanos se levantarían en armas en Las Clavellinas, y si bien no apoyaron el Gobierno de Céspedes, ampliaron considerablemente el teatro de operaciones militares. Dentro de esa región, el grupo reformista representado por el partido de Caonao era muy fuerte, y fue necesaria la viril actitud del joven Ignacio Agramonte para desenmascarlo y separarlo de la dirección revolucionaria. Los camagüeyanos adoptaron un Gobierno donde las funciones militares estaban separadas de las civiles y estas divididas internamente. Meses después, la zona villareña se asumiría al combate, el 6 de febrero de 1869, en el alzamiento de San Gil. Solo faltaba ya la incorporación de Occidente.
Esta región, centro del poder español en Cuba, no contaba con un espacio geográfico favorable al combate. Y la situación revolucionaria que en ella se fue creando se vio obstaculizada por la avenencia solapada entre el integrismo español, o sea, la intransigencia absoluta de los colonialistas beneficiados con la explotación de Cuba, el capitán general, de filiación política monárquica, Francisco Lersundi, y la burguesía esclavista occidental, supuestamente liberal, aterrada ante un movimiento revolucionario que pusiese en crisis sus intereses de clase, si bien esta supo convertirse en representante de los insurrectos, primero en La Habana, y luego en la emigración. La consolidación de un alzamiento en Occidente no se efectuaría en los diez años de lucha. La burguesía occidental desempeñó, en tanto clase, un papel puramente antinacional.
Búsqueda de la unidad: Asamblea de Guáimaro
En rápida sucesión, se desenvolvieron diferentes acontecimientos de importancia: la sustittución del capitán general Lersunci por Domingo Dulce; la revitalización del cuerpo de voluntarios, que llenó de sangre y terror las principales poblaciones de Cuba; el decreto de embargo de bienes a «infidentes», que traspasó buena parte de la riqueza cubana a manos españolas,; los intentos de Dulce por lograr una avenencia reformista con los revolucionarios, fallidos todos; la toma de Bayamo por los españoles y su incendio por los mambises; la creciente oposición a la dirección unificada representada por Céspedes y el traslado de los combatientes villareños, desposeídos de recursos elementales, a la región oriental. Todo esto apuntaba a una necesidad capital dentro del sector revolucionario: el establecimiento de un Estado nacional insurrecto, que aportaba la necesaria unidad dentro de las filas insurrectas. A lograr tal fin se convocó, los días 10 y 11 de abril de 1869, la Asamblea de Guáimaro.
Los delegados a la reunión acordaron la primera Constitución que establecía la existencia de una República en Armas, la cual dividía el mando civil del militar y estructuraba los poderes, con un ejecutivo maniatado, fiscalizado por un aparato legislativo todopoderoso, la Cámara de Representantes, a cuyas disposiciones se sometían los otros poderes. El Ejército quedó con un general en jefe al frente, Manuel de Quesada, mientras Céspedes asumía la presidencia de la República y Salvador Cisneros Betancourt la de la Cámara. Constitución democrático-burguesa acorde con los intereses de Cuba en aquellos momentos, la Carta de Guáimaro, dio un paso fundamental en la abolición de la esclavitud: en su artículo 24 se estableció la libertad de todos los habitantes de la Isla. Poco después, sin embargo, los temores presentes aún en ciertos representantes determinaron que la Cámara acordase, a la hora de hacer realidad la abolición, un Reglamento de Libertos, que cortaba la verdadera libertad del negro esclavo, hecho muy debatido entra los sectores más progresistas del mambisado, y que obtuvo el veto del presidente Céspedes. La integración de la Cámara, así como la de los cuatro secretarios de despacho, refleja la heterogeneidad clasista presente en el campo revolucionario, y sería fuente de graves trastornos en el desursar de una Revolución nacional-liberadora, ya que el aparato civil quedó exacerbado en sus funciones, por miedo a una hipotética dictadura, en detrimento del sector militar, a todas luces decisivo, en momentos en que lo más importante era expulsar a España de la Perla de las Antillas.
Emigración y apoyo desde el extranjero
Entre los poderes ejecutivo y legislativo, las relaciones, necesariamente correctas, quedaron muy agrietadas a raíz de la deposición del jefe del Ejército, Manuel de Quesada, en diciembre de 1869. Quesada, cuñado del Presidente, fue depuesto por la Cámara al pedir este mayores libertades para el aparato militar, y su cargo, por los temores del legislativo a una dictadura militar, no fue jamás cubierto. Cada general dirigía el combate en su región, y tomaría las medidas necesarias de la forma en que le pareciese mejor, cuya consecuencia sería el desarrollo de un regionalismo fuerte y de un caudillismo mayor, que el mando civil cameral no estuvo en condiciones de controlar.
La emigración en los Estados Unidos, que debió convertirse en sólido baluarte de los mambises en Cuba, no cumplió sus funciones, desangrada por pugnas internas, recrudecidas por la llegada a Nueva York de Manuel de Quesada, envidado allá con un misión personal del presidente. Dividida la emigración entre «aldamistas», o seguidores de Miguel Aldama, y «quesadistas», amigos del ex general en jefe, esta no apoyó a sus combatientes en Cuba, obstaculizándose una facción a la otra, en lamentable querella por el poder, que no pudo resolver ni siquiera el arribo a los Estados Unidos de Francisco Vicente Aguilera, vicepresidente cubano. Las masas emigradas vieron frenados sus deseos de cooperar activamente con las liberación de la Patria, debido a las pugnas que separaban a los sectores dirigentes de la emigración.
Por medio de sus respectivos Gobiernos, no pocas naciones latinoamericanas expresaron su solidaridad con la República de Cuba en Armas, si bien debe tenerse en cuenta, en algunos casos, la lejanía geográfica de Cuba, y en todos, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, por lo cual, el apoyo en armas y recursos bélicos de Latinoamérica fue francamente muy bajo. De manera individual, cientos de latinoamericanos jóvenes, entusiasmados con la idea de expulsar definitivamente al colonialismo español de la Patria común, arribaron a costas cubanas, y no pocos de ellos se convirtieron en grandes figuras de epopeya. Juan Ríus Rivera (1848-1924), de Puerto Rico y José Rogelio Castillo (1845-1925), colombiano, quienes alcanzaron los grados de general, ejemplifican la participación continental en la lucha por la independencia antillana.
Contrariamente a la actitud asumida por la gran mayoría de los Gobiernos latinoamericanos, el ejecutivo estadounidense, a través de su encargado, Ulises Grant, no solo no reconoció ni la independencia ni tan siquiera el estado de beligerancia de Cuba, sino que obstaculizó todos los intentos revolucionarios cubanos allí emigrados para ayudar a la Patria. Diferentes mensajes y proclamas del ejecutivos estadounidense, dirigidas tanto al Congreso como a la población del país, condenaron el apoyo a la liberación cubana, y la utilización del territorio estadounidense para realizar actos antiespañoles. Paralelo a esto, a Madrid se le vendían armas, medicinas y recursos varios, necesarios para la guerra, y, sobre todo, se le pasaba información sobre los movimientos anticolonialistas de los emigrados. El Gobierno de Grant, vinculado mediante el secretario Hamilton Fish con la legación española en Washington, llevó al fracaso un hermoso plan colombiano en 1874, consistente en obtener, entro todas las naciones de América, la independencia de Cuba. Mantener la Isla en manos fue la tónica de la administración estadounidense a lo largo de aquella década de lucha.
Ocaso de la guerra
Para los revolucionarios cubanos era una tarea de primer orden la extensión de la guerra al occidente insular, región aún no vinculada al combate nacional-liberador. Sin embargo antes de que la pujanza revolucionaria se hiciese sentir en las zonas cercanas a la plantación esclavista, transcurrieron no pocos hechos de singular importancia, los cuales marcaron los derroteros futuros de la lucha. Entre ellos se encuentran: la definitiva abolición de la esclavitud en diciembre de 1870; la invasión de Guantánamo, llevada a cabo por Máximo Gómez, en 1871,; en el propio año, el fusilamiento de los estudiantes de Medicina, que mostró la vesania del régimen colonial; la deposición de Carlos Manuel de Céspedes de su cargo de presidente, debida a las disensiones internas de la Revolución, en 1873, y previamente, la muerte de Ignacio Agramonte en Jimaguayú; la muerte de Céspedes en 1874, y, ese mismo año, la captura del general Calixto García, casi agonizante; la realización, por Máximo Gómez, de batallas en la región camagüeyana, tan importantes como: Naranjo, Mojacasabe y Las Guásimas. Sin olvidar la situación política española continuaba dando muestras de una gran inestabilidad, dada la sucesión vertiginosa de un régimen supuestamente revolucionario, la monarquía del italiano Amadeo de Saboya, y, en 1873, una ficción republicana, que desembocaría en la Restauración, en la persona de Alfonso XII, en 1874, con Antonio Cánovas como poder tras el trono. Los vaivenes políticos españoles en no poca medida, facilitaron el sostenimientos de los mambises en los primeros años de la contienda.
Ya comenzando 1875, Máximo Gómez logró, al fin, en su calidad de jefe del Camagüey y Las Villas, iniciar la campaña invasora. Los mambises atravesaron la trocha de Júcaro a Morón y comenzaron con celeridad a combatir en territorio villareño. Con la tea destruyeron una gran cantidad de ingenios y fincas, y avanzaron sin cesar hacia el límite con la región matancera. A pesar de la implacable persecución española, y la falta de recursos bélicos y de alimentos, los insurrectos lograron hacer tambalear el dominio español en la Isla. Sin embargo, tal hazaña no pudo ser completada. Desde dentro de la Revolución, la invasión sufriría un golpe demoledor.
Antes de comenzar la campaña invasora, Máximo Gómez había pedido refuerzos a la Cámara y a Cisneros, como nuevo presidente de la República en sustitución de Céspedes. Cuando los mismos debieron concretarse, las tropas orientales seleccionadas para pasar a Las Villas se reunieron en Lagunas de Varona, Oriente, convocadas por figuras muy cercanas al mayor general de Las Tunas, Vicente García. Allí, juntos los amigos de García, los soldados que no querían abandonar su terruño natal, y los deudos de Céspedes, elevaron un pliego a la dirección civil revolucionaria donde se demandaba la salida de Cisneros de la presidencia, la convocatoria a elecciones, la modificación de la Constitución y diversas otras medidas. Estas pueden o no haber sido válidas; de hecho, algunas lo eran. Lo no pertinente viene dado por el momento en que las demandas se hicieron, y la forma sediciosa asumida por el movimiento. El poder ejecutivo, al igual que el legislativo, mostró su debilidad interna al no adoptar una solución radical ante tamaño problema. Y, para resolver la situación creada, no encontró mejor recursos que solicitar de Gómez se entrevistase con el general García. En definitiva, esto se hizo, y Juan Bautista Spotorno sustituyó a Cisneros, de manera interina. Después se encargó de la presidencia Tomás Estrada Palma, ya en 1876. Lo que si no se resolvió fue la terrible quiebra de la unidad revolucionaria representada por Lagunas de Varona, y la parálisis de la invasión, pues al regreso de Gómez a Las Villas la situación de la zona había cambiado por completo.
Desde mucho tiempo atrás, el regionalismo había prendido en importantes sectores de los combatientes villareños, a extremos tales que estos, en octubre de 1876, cuando la situación bélica era altamente compleja y Henry Reeve, el Inglesito, había muerto en la vanguardia de Yaguaramas, le pidieron a Gómez, por intermedio de Carlos Roloff, polaco radicado en la zona, que abandonase la dirección de la lucha por su condición de extranjero. El expulsado jefe regresó al Camagüey abatidado anímicamente, y casi convencido de la imposibilidad de continuar de aquella manera el combate nacional-liberador. Máxime cuando los momentos coincidían con reforzamiento de la política española en la Isla, merced al nuevo capitán general, Arsenio Martínez Campos.
Este militar, conocido en España como el Pacificador, por haber acabado con los alzamientos carlistas y cantonalistas, comenzó rápidamente a implantar un nuevo estilo de guerra, y sustituyó a los oficiales sanguinarios que anteriormente dirigían las demarcaciones cubanas. El sobreseimiento de los bienes embargados; el respeto a la vida de los mambises que se presentases a los españoles; la entrega de un poco de dinero a los que así lo quisiesen; la eliminación de las deportaciones; el reparto de raciones a mambises famélicos, y, sobre todo, «peinar» exhaustivamente cada zona villareña para reducir al máximo la existencia de insurrectos, un excelente resultado, en momento en que la Revolución atravesaba un período de gran inestabilidad. Esta trató de ser resuelta por el Gobierno insurrecto, quien designo al general Vicente García para hacerse cargo del mando en Las Villas. Sin negarse, dicho militar demoró la ejecución de la orden, y terminó por plasmar, en mayo de 1877, una nueva sedición, ahora en Santa Rita, al regresar a territorio tunero. En estas circunstancias, el combate en la región central casi desapareció, a lo cual debe unirse la crisis del ejecutivo, provocada por la caída en manos españolas de su presidente, Estrada Palma. Dispuesta la Cámara a cualquier cosa para salvar los restos de lucha, designó al propio Vicente García como presidente, después de un breve tiempo de interinatura de Francisco Javier de Céspedes.
Diversos factores se dieron así la la mano para llegar a la firma de una paz sin independencia, el 10 de febrero de 1878, en el Zanjón. Al desgaste lógico de casi diez años de combate, se sumaron el poco apoyo en recursos de guerra recibidos en el exterior; la falta de unidad entre los combatientes; inoperante aparato de dirección revolucionaria establecido que trabó, más que hacer viables, las operaciones militares; la falta de un Ejército con un mando central fuerte; y ciertas concepciones prevalecientes en el seno de algunas figuras importantes con posibilidades de decisión, tanto civiles como militares. Todo esto fue excelentemente aprovechado por Martínez Campos. El Pacto del Zanjón, que puso fin a la Guerra de Diez Años, reconoció la libertad de los esclavos y colonos chinos presentes en las filas mambisas, y declaró lo pactado como válido para todas las regiones de Cuba.
En esto se equivocó el general español. En la zona oriental, los mambises, capitaneados por Antonio Maceo, general mulato de amplísimo prestigio a fines de la guerra, se negaron a aceptar el convenio. En memorable entrevista efectuada en Mangos de Baraguá, en la provincia de Oriente, en marzo de 1878, declararon al jefe ibérico su decisión de continuar el combate, lo cual hicieron poco después. Habiendo establecido un nuevo aparato de Gobierno y una nueva Constitución revolucionaria, los protestantes de Baraguá, aunque no pudieron sostenerse, pues España concentró sobre ellos todas las tropas que antes estaban muy dislocadas, y las condiciones para la guerra no les eran propicias, dieron un hermoso ejemplo de intransigencia de una nación negada a volver a la dependencia. Libertad y abolición pasaron así a ser ardientes símbolos del pueblo cubano, y la figura de Antonio Maceo devino en la máxima representación de la nación considerada en su conjunto. A mediados de 1878, se cerraba la primera etapa del movimiento de liberación nacional, excelente experiencia acumulada a los largo de diez años. Pocos mambises se radicaron en Cuba, volviendo a sus hogares. Una buena mayoría se trasladó a la emigración, en donde centrarían ahora los desvelos por independizar a Cuba.
El período interguerras (1878-1895)
En la década de 1880, la Isla atravesaría por un proceso de grandes cambios económicos y sociales. La esclavitud, muy quebrantada ya por la Revolución de 1868, fue finalmente abolida por España en 1886. Ello estuvo acompañado por notables transformaciones en la organización de la producción azucarera, la cual alcanzaba definitivamente una etapa industrial. La dependencia comercial cubana respecto a Estados Unidos se haría prácticamente absoluta, y los capitales estadounidenses comenzaron a invertirse de manera creciente en diversos sectores de la economía.
La burguesía insular, alejada de aspiraciones independentistas, había dado lugar a dos formaciones políticas: el partido Liberal, más adelante denominado Autonomista, que retomaba la vieja tendencia de conseguir reformas del sistema colonial español hasta alcanzar fórmulas de autoGobierno; y el partido Unión Constitucional, expresión reaccionaria de los sectores interesados en la plena integración de Cuba a España.
Los independentistas cubanos no descansaron durante el período. Poco después de terminada la Guerra de los Diez años, empezó a organizarse lo que vendría a llamarse Guerra Chiquita (1879-1880), siguiendo pautas similares a las del movimiento anterior. Por medio de clubes no vertebrados horizontalmente, con un centro superior en Nueva York dirigido por el general Calixto García, y con alzamientos no coordinados en la Isla, la nueva guerra se desgastó por la falta de recursos, el agotamiento del país y las contradicciones que animaron a sus principales jefes, Calixto García y Antonio Maceo. A pesar de que muchos hombres se fueron a la manigua, el apoyo dado a España por el Partido Autonomista, propalando la falacia de que la guerra era en verdad un movimiento de negros contra blancos, a más de las desavenencias internas, pero representó un gran paso de avance dentro del movimiento nacional-liberador: en él estrenó su futuro liderazgo José Martí.
Tampoco culminaron con éxito los intentos de expediciones aisladas de los años ochenta, que pretendían traer desde fuera la ansiada libertad, por figuras de algún relieve, como Carlos Agüero, Limbano Sánchez y Ramón Leocadio Bonachea. No pudo triunfar siquiera el plan más sólido del período, conocido como Plan Gómez, concebido entre los años 1884 y 1886. El independentismo no había aprendido aún a hacer un estudio suficiente de las condiciones objetivas y subjetivas que pueden impulsar o frenar una revolución, y mantenía gravísismos problemas de falta de unidad entre sus componentes, lo que fue la tónica de la Revolución del 68. Correspondería a un hombre aún joven, no desgastado, en pugnas previas, priorizar la unidad revolucionaria, establecer sobre nuevas bases la actuación independentista, y dotar al movimiento de un cuerpo ideológico efectivamente radical. Este hombre ―José Martí― conseguiría materializar el anhelo de casi veinte años de los anticolonialistas antillanos: hacer viable una nueva revolución.
La Guerra Necesaria (1895-1898)
José Martí y la preparación de la lucha
La nueva etapa del movimiento de liberación nacional cubano partió de dos diferencias capitales, en relación con momentos anteriores: un sustancial programa de transformaciones socioeconómicas que subvirtieran el régimen colonial, y dieran paso a un desarrollo nacional autóctono; y un proceso de organización de varios años. El programa revolucionario, estructurado y animado por Martí, tomó cuerpo en la creación, dentro de los emigrados, del Partido Revolucionario Cubano (PRC), proclamado el 10 de abril de 1892. Por medio del mismo, y del periódico Patria, Martí desplegó una extraordinaria labor de divulgación de los contenidos del cambio social que se pretendía; a su vez, usaba ambos para restablecer y afianzar la unidad revolucionaria en torno al proyecto independentista que él, en su calidad de Delegado del PRC, centraba.
Septiembre de 1892 marcó un hito en el procesos de creación de la unidad dentro de los futuros insurrectos; este mes, en Santo Domingo, Martí visitó a Máximo Gómez, y obtuvo del viejo general, «sin temor de negativa», la aceptación del cargo de general en jefe del Ejército Libertador de Cuba. De acuerdo ambos, la organización revolucionaria marcharía con firmeza hacia la unidad definitiva. Poco a poco, figuras imprescindibles de la lucha anticolonial se irían sumando al proyecto martiano, tales como los generales Antonio y José Maceo, y Flor Crombet, quienes se sumarían a los ya integrados desde mucho tiempo atrás, como Serafín Sánchez, Carlos Roloff y José Rogelio Castillo. Las concepciones martianas no representan la reedición de un civismo estilo «68», por lo contrario, José Martí y su proyecto constituyen la superación histórica de los elementos de corte civil o militar que tanto daño le hicieron al independentismo antillano; la proyección de un ideario de corte latinoamericanista, que superara las barreras nacionales, concebido en función de las masas trabajadoras (aunque no excluyeses a otros sectores sociales) y pretendiese encontrar fórmulas propias para resolver los múltiples problemas continentales; que se plantease una Revolución efectiva dentro de las estructuras socioeconómicas cubanas; y que hubiese previsto, y consecuentemente combatido, el naciente imperialismo estadounidense y sus ansias de expansión «por sobre nuestras tierras de América».[5] Es, en tanto proyecto, la eliminación definitiva de un civismo y de un militarismo obsoletos históricamente.
De haber podido lograrse, la Revolución hubiese arrancada en el segundo semestre de 1894, pero diversos factores lo impidieron. La misma comenzó el 24 de febrero de 1895, con diferentes alzamientos fundamentalmente en la zona oriental del país, y sus principales jefes, en los inicios, fueron los generales Guillermón Moncada y Bartolomé Masó. Previamente, la concepción de Martí (el Plan de Fernandina), consistente en la conjunción de factores internos (alzamientos provinciales), sumados a factores externos (expediciones que los apoyaran, tres en total), no había podido materializarse, dada la indiscreción de un militar mambí, que trajo como consecuencia la incautación de las expediciones por las autoridades estadounidenses. El Delegado del PRC, con lúcida valoración del minuto que se vivía, cursó la orden de alzamiento y se trasladó a Santo Domingo para reunirse con el General en Jefe.
Ambos firmaron, el 25 de marzo de 1895, el Manifiesto de Montecristi,[6] documento importantísimo para entender la Revolución. Después de esfuerzos agónicos, lograron desembarcar en Cuba, en abril, por Playitas de Cojobabo.[7] Previamente, el general Antonio Maceo, quien había salido de Costa Rica en la expedición encabezada por Flor Crombet, había desembarcado por Duaba, Oriente, y asumido el mando de la región oriental, hasta entonces dirigida por Bartolomé Masó, debido a la muerte por enfermedad de Guillermo Moncada. Una vez en territorio cubanos los jefes principales, estos comenzaron a emitir disposiciones normadoras de la vida y el combate en la manigua; de entre ellas, vale señalar la prohibición de la molienda azucarera y el otorgamiento a Martí de los grados de mayor general. Para empeños superiores futuros, se imponía una reunión coordinadora entre José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo.
Tal reunión tuvo lugar el 5 de mayo de 1895, en la finca La Mejorana. Los criterios sostenidos ―Martí y Gómez por un lado, Maceo por otro― versaron, en difícil entrevista, sobre la organización civil futura de la Revolución y, posiblemente, sobre un proyecto invasor. De allí salieron, los tres jefes dispuestos plenamente a continuar dando a la lucha las formas «viables» que preconizara Martí.
Sin embargo, pocos días después, el 19 de mayo, la lucha anticolonial sufriría un golpe demoledor: José Martí caería en su primera carga, en la zona de Dos Ríos. Con él desaparecía del escenario militar el más grande ideólogo popular del siglo XIX en Latinoamérica. Y Gómez y Maceo, de mutuo acuerdo, se crecerían ante tal adversidad. El segundo se encargaría de poner en pie de guerra a todo Oriente, librando los importantes combates de Jobito, Peralejo y Sao del Indio, mientras Gómez pasaría al Camagüey, región donde apenas había lazados, a reafirmar allí la lucha liberadora. Apoyado por el viejo mambí Salvador Cisneros, Gómez desplegó su campaña circular en torno a la cabecera provincial, fogueando a los jóvenes que se incorporaban y preparándolos para empeños superiores. Pocas semanas después, la expedición por el sur de Las Villas, consolidaba, al decir del jefe máximo, la lucha liberadora. La próxima tarea de envergadura sería entonces la creación civil en la manigua.
De Jimaguayú a Occidente
La Asamblea, celebrada en el mes de septiembre en la zona camagüeyana de Jimaguayú, acordó la Constitución de este nombre, no sin antes suscitar profundar discusiones entre criterios tendentes a la priorización del factor militar, y opiniones que abogaban por un equilibrio justo entre ambos poderes. En definitiva, la experiencia histórica previa se puso de manifiesto, y la Constitución dejó relativamente libre al aparato militar. Se estableció, como máximo cuerpo de dirección revolucionaria, un Consejo de Gobierno compuesto por seis personas, que aunaban funciones ejecutivas y legislativas. Como presidente del mismo fue seleccionado Salvador Cisneros, con Bartolomé Masó como vice, y Máximo Gómez y Antonio Maceo fueron ratificados en sus cargos por la Asamblea. Como al importante debe señalarse que Tomás Estrada Palma, sustituo de Martí en la delegación del PRC, fue designado ministro extraordinario y plenipotenciario del Consejo de Gobierno en el exterior, con lo cual se abrió la posibilidad de una doble actuación de esta figura, en función de sus conveniencias e intereses.
Ya creada oficialmente la República de Cuba en Armas, el próximo paso fue acelerar los preparativos de la invasión a Occidente que comenzaría por Mangos de Baraguá en Oriente, de manera simbólica. Máximo Gómez operaría como jefe supremo, con Maceo de segundo. La invasión constituyó una de las campañas militares más brillantes que se hayan dado en América. Unos cuantos cientos de mambises mal armados y peor alimentados se enfrentaron, en un reducidísimo espacio geográfico, a un Ejército con elevada capacidad combativa, bien provisto; en solo tres meses, los insurrectos cubanos recorrieron más de mil kilómetros, en agotadoras marchas, a veces de ochenta kilómetros en un día. Iguará, Mal Tiempo, Coliseo, Calimete, el Lazo de la Invasión, marcan jalones de victorias mambisas. Los cubanos llegaron a la provincia de La Habana en enero de 1896, y los jefes de supremos decidieron que Maceo culminase la campaña, invadiendo Pinar del Río, mientras Gómez distraía tropas enemigas en la provincia de la capital. El 22 de enero se firmaba en Mantua, en el extremo occidente cubano, el acta de culminación de la esforzada empresa.
España, mediante su capitán general Martínez Campos, comprendió que la guerra podía perderse velozmente si no se aplicaban medidas extremas. Para ello se sustituyó al antiguo Pacificador, y sus funciones las asumió Valeriano Weyler y Nicolau, sanguinario militar que ya había estado en Cuba en la guerra anterior. Representante de los más retrógrados intereses españoles, Weyler aplicó una política genocida llamada «de reconcentración»,[8] con la pretensión de eliminar el apoyo del campesinado a los mambises, concentrando a los habitantes rurales en zonas urbanas. De más está decir que estos campesinos carecieron, en los lugares donde fueron reunidos, de las cosas más elementales; solo se les repartía un poco de alimento una vez al día, conocido como «sopa», gracias a la caridad de las autoridades locales. La mortalidad general, y la infantil, llegaron a cifras pavorosas en el bienio 1896-1897. Datos extremos hacen ascender las muertes a la cifra de 200 000personas; otros la sitúan alrededor de 150 000.[9] A pesar de esto, la guerra no se detuvo. La decisión de hacer la Patria libre se impuso a la política de la reconcentración.
Es incuestionable que la culminación de la campaña, y no ceder ante la política weyleriana, deben ser considerados como grandes victorias del mambisado, pero estas no se lograron de manera sencilla; muchos hombres entregaron sus vidas por hacerlas realidad. Aparte de la gran masa de combatientes desaparecidos, la Revolución perdió, entre 1895 y 1896, descontando a Martí, una buena parte de sus mejores generales. Entre ellos se encuentran: Guillermo Moncada, Flor Crombet, Paquito Borrero, Juan Bruno Zayas, José María Aguirre, José Maceo, y dos figuras de excepción, Serafín Sánchez, y el lugarteniente general Antonio Maceo, caída en San Pedro, en diciembre de 1896. Tal mutilación en su oficialidad, cuya antigüedad combativa alcanzada en la mayoría de ellos más de dos décadas, hizo exclamar a Máximo Gómez: «¡Me he quedado solo!». Y lo obligaría a crecerse para demostrar la pujanza de la Revolución. La lucha facilitó el desarrollo, en algunos casos, y el surgimiento, en otros, de nuevas figuras capaces, militarmente hablando, de sustituir a los caídos. Tal fue el caso de los generales José Miguel Gómez, Mario García Menocal y Gerardo Machado y Morales, de competencia militar probada, y sin embargo, devenidos en testaferros del imperialismo estadounidense en el siglo XX.
Dentro de la Revolución se presentaron graves desavenencias entre el Consejo de Gobierno y el General en Jefe. El órgano civil no era homogéneo en su composición, y diversos intereses de clase se hallaban presentes en su actuación cotidiana. Con el decursar de los meses, el Consejo de Gobierno comenzó a tratar de intervenir en las operaciones militares; a otorgar grados sin que estos hubiesen sido propuestos en la forma y por la autoridad debida; a autorizar el comercio con el enemigo, y, sobre todo, a permitir la molienda de algunos centrales en cumplimiento de ciertos compromisos adquiridos por Estrada Palma con la burguesía azucarera emigrada. Todo esto provocó graves fricciones con Máximo Gómez, acusado por el aparato civil de interferir el «normal» desarrollo de la República en Armas. El General en Jefe se encontraba dispuesto a presentar su renuncia, para lo cual se trasladó a la zona central, donde radicaba el aparato civil. Encrespadas al máximo las relaciones, tanto el Consejo como el Generalísimo tuvieron la estatura patriótica de deponer actitudes extremas en aras de unidad revolucionaria, en cuanto se conoció la noticia de la caída de Maceo, y de la muerte, junto a él, del hijo de Gómez, Panchito. Suavizadas las tensiones, no desaparecidas, ambos poderes, milita y civil, pudieron operar de manera mancomunada. Sin embargo, ciertos elementos procedentes del sector autonomista, aprovechando la campaña invasora ya terminada, con sus éxitos consiguientes, continuaron introduciéndose en las filas de la Revolución y la permearon de sus ideas, en consonancia con una estrategia de supervivencia clasista que a la larga daría buenos resultados.
Muerto Maceo, Calixto García, jefe de Oriente, ascendió a lugarteniente general del Ejército Libertador. Sus campañas en la región señalada y su capacidad militar en la utilización de la artillería lo harían famosos. Máximo Gómez, decidido a rendir a España (a desgastarla, como él decía), ubicó su campamento en la zona de La Reforma, entre Las Villas y Camagüey, y se echó encima cuarenta mil soldados españoles, que perseguirían durante el caluroso día cubano a un soldado mambí siempre huidizo, que no los dejaba dormir de noche, tiroteando sus campamentos. Esta guerra de desgaste, al cabo de varias semanas, rindió sus frutos: decenas de miles de soldados ibéricos debieron ser hospitalizados, abandonando la lucha. Los meses de junio, julio y agosto, según el viejo General en Jefe de los mambises, serían «sus mejores generales».
La intromisión de los Estados Unidos
Para entender en toda su dimensión el fenómeno del 95, debe tenerse muy en cuenta el tradicional interés de los Gobiernos estadounidenses hacia la isla de Cuba. Como política habitual, en espera del momento preciso, los círculos de poder estadounidense habían preferido la permanencia de Cuba en manos de España, antes que una independencia antillana, la cual podía llevar a la antigua colonia hacia la órbita de la influencia británica. Empero, la correlación de fuerzas dentro del capitalismo mundial, expresado en las fuertes contradicciones existentes en Europa entre los colonialismo del Viejo Mundo, desató las manos a los Estados Unidos, en relación con el «problema cubano». Desde 1896, lenta, constantemente, el Gobierno de Grover Cleveland comenzó a presionar a España para que acabase la guerra de Cuba, en la seguridad de que esta no tenía como hacerlo. Su sucesor, William McKinley, aumentó las exigencias a Madrid, ahora con el pretexto de la inhumanidad representada por la reconcentración. La prensa amarilla estadounidense, en impetuoso desarrollo, aprovechó la guerra anticolonial cubana para aumentar sus tiradas, e inventó noticias de guerra, entrevistas y partes militares jamás existentes, apoyándose en el lógico sentimiento de solidaridad del pueblo estadounidense, muy favorable a la independencia nacional cubana.
A esto debe sumarse que la delegación del PRC, encabezada por Estrada Palma, hizo dejación de los principios fundamentales de dicho partido, y auspició el cese de la lucha mediante una intervención militar estadounidense (o la compra de la Isla) para garantizar los intereses de clase de la burguesía emigrada, aun cuando semejante proceder trajese consigo la merma de las conquistas populares que el ideario de la Revolución martiana implicaba. Aumentadas las presiones sobre España, esta terminó, en apariencia, con la reconcentración, y sustituyó a Weyler por Ramón Blanco, para que el nuevo capitán general aplicase un régimen de Gobierno autonómico.
En las condiciones históricas de 1897-1898, la aplicación de la autonomía no presentaba una solución efectiva a los problemas socioeconómicos cubanos. El mismo Partido Liberal, si bien se sumó a la idea, tuvo fuertes discusiones en su interior, por lo menguado de las funciones autonómicas. Los combatientes mambises, como era de esperar, la repudiaron de manera mayoritaria. El General en Jefe declaró que seguiría la lucha y con él todos sus altos oficiales. La autonomía se hizo realidad en 1898, al tomar posesión de sus cargos los siete funcionarios electos según el Real Decreto de noviembre del año anterior. Oportunamente, en marzo, habría elecciones para el Parlamento que se establecía, compuesto por dos Cámaras. Si en épocas normales España no permitía la interferencia de cubanos en la toma de decisiones sobre la gobernación de la colonia, puede comprenderse que, en medio de una cruenta guerra, la autonomía operaba como una mera ficción. Una ventaja iniciar sí tuvo para Madrid: silenciar durante algunos días al Gobierno estadounidense.
Poco duró el silencio. Las propias diferencias internas dentro de los diversos grupos colonialistas hicieron que los integristas recalcitrantes, y los voluntarios con ellos relacionados, recorriesen las calles de La Habana en demanda del cese del nuevo régimen, y vitoreando a Weyler. Esta manifestación no hubiese tenido la menor trascendencia, si no fuere por el interés de los Estados Unidos de resolver a su favor la lucha nacional-liberadora antillana. El cónsul de dicha nación en La Habana, cablegrafió a su Gobierno magnificando los acontecimientos y expresando su temor «por las vidas» de los estadounidenses residentes en la capital cubana. Los mismo españoles intransigentes facilitaron la intervención de los Estados Unidos en la contienda cubano-española.
El Gobierno del Norte envió a La Habana al acorazado Maine, según las sugerencias del cónsul. De manera muy discutida aún hoy, el Maine explotó en la había habanera en febrero del 98, sin que los Gobiernos implicados se pusieran de acuerdo sobre la causa de la explosión. Venganza española, dirían los estadounidenses; pretexto para intervenir, sería la versión ibérica. Ante la campaña feroz de demostrar a España quiénes eran los Estados Unidos, con las manos expeditas ya, McKinley solicitó del Congreso el permiso necesario para declarar la guerra, sin antes reeditar un intento fallido de compra, en cabildeos diplomáticos. Después de múltiples gestiones de todo tipo, en las que los representantes cubanos en el exterior no fueron ajenos, tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaron, el 20 de abril de 1898, la Resolución Conjunta, importante documento que reconocía la independencia de Cuba y declara al mundo que los Estados Unidos, una vez pacificada, devolverían la Isla a sus legítimos dueños, los cubanos, sin interés de anexionársela. Para el futuro mediato, tal Resolución serviría de valladar a los intereses expansionistas de los Estados Unidos. Pero en su momento demostró las contradicciones internas del Congreso norteño, y la labor corrupta de la delegación cubana en Nueva York, muy lejana ya de los honestos principios de la Revolución martiana.
La guerra hispano-estadounidense, desarrollada entre un colonialismo moribundo y un potente neocolonialismo emergente, tuvo lugar entre mayo y agosto de 1898. España, por sus contradicciones internas, se vio obligada a aceptarla, para evitar una terrible crisis gubernamental. En otro orden de cosas, el orgullo español, prefería rendirse ante los Estados Unidos y no ante los revolucionarios cubanos. Estados Unidos, por el contrario, jugaba con todas las posibilidades a su favor. Con el final conocidos de antemano, la escuadra estadounidense hundió, en lo que se ha dado en llamar Batalla Naval de Santiago de Cuba, los restos de lo que muchas décadas atrás fuera la gloriosa Marina española. Esta batalla decidió los acontecimientos y permitió a los Estados Unidos obtener la isla de Cuba, la Puerto Rico, y el asiático archipiélago de Filipinas.
Tradicional política estadounidense, los órganos de dirección del pueblo cubano, el Consejo de Gobierno y el Ejército Libertador fueron ignorados desde antes del desembarco. El Gobierno del Norte no quiso comprometerse con un reconocimiento que podía serle adverso en el futuro. El General en Jefe de los mambises fue marginado de los acontecimientos. Pero el Consejo de Gobierno ―presidido ahora por Bartolomé Masó después de las elecciones de noviembre de 1897, a raíz de la promulgación de la nueva Constiticuión, llamada de La Yaya― orientó con viveza a los generales que operaban en Oriente no abandonar el teatro de operaciones y mantenerse junto a los estadounidenses, lo cual permitió a los combatientes mambises seguir batallando por la independencia nacional hasta los últimos momentos. Calixto García, de capacidad militar poco común, fue el factor principar en la organización, preparación y toma de la ciudad de Santiago de Cuba, a pesar de los criterios adversos de los militares estadounidenses, quienes no estimaban posiblemente un hecho bélico de tal naturaleza. La experiencia guerrillera de Calixto sustituyó la carencia de un efectivo fogueo militar por parte de la tropa invasora. Como premio, recibió una vejación extraordinaria: el Gobierno estadounidense orientó al mando destacado en Cuba, impedir la entrada en Santiago de los triunfadores combatientes cubanos, con ofensivos pretextos, lo que motivó una dignísima carta del genera García. Rápidamente, había comenzada el naciente imperialismo a demostrar sus verdaderos intereses en relación con Cuba.
Mucho daño hizo al pueblo cubano el bloqueo naval implantado por los Estados Unidos; y mucho daño hizo también el cese al fuego, firmado en agosto del 98; a partir de este, toda la incautación de recursos alimenticios para las tropas efectuado por los mambises pasaba a ser considerada como un robo. Mientras los ocupantes, apoyando «al más débil contra el más fuerte», según rezaban las instrucciones del Gobierno de Washington, repartirían alimentos entre los soldados españoles. Los dirigentes cubanos, en cumplimiento de lo estipulado por la Constitución de La Yaya, disolvieron el Consejo de Gobierno y convocaron a elecciones en octubre, de las que salió un órgano, con plenos poderes llamado Asamblea de Santa Cruz del Sur, que se trasladaría a Marianao, y luego al Cerro, ya entrado el año 1899.
Sin la presencia de los representantes del pueblo de Cuba, el 10 de diciembre de 1898, se firmó en París el Tratado de Paz entre España y los Estados Unidos, el cual ponía fin a la guerra. Comenzaba un incierto período de la historia nacional, sin que la Isla fuese, al decir del generalísimo Máximo Gómez, «ni libre ni independiente todavía». El peligro real de la anexión y la posible pérdida de la identidad nacional, eran de todo punto evidentes.
Artículo VIII: En cumplimiento de lo convenido en los artículos I, II, III de este Tratado, España renuncia en Cuba y cede en Puerto Rico y en las otras islas de la Indias Occidentales, en la Isla de Guam y en el Archipiélago de las Filipinas, todos los edificios, muelles, cuartales, fortalezas, establecimientos, vías públicas y demás bienes inmuebles que con arreglo a derecho son del dominio público, y como tal corresponden a la Corona de España.
Atrás quedaba una historia plagada de tropiezos, tanteos, búsquedas del ser nacional, y la hermosa y definitva floración de la nación cubana. Quedaba también atrás una relación colonial de cuatro siglos que, en vez de impulsar el desarrollo antillano, se había convertido en su freno; y, como herencia, una sociedad diezmada, famélica, con una estructura socioeconómica deformada, caracterizada por la mono producción, la monoexportación y el monomercado, cuya solución se mantendría pendiente. La nueva etapa histórica tendría que darles adecuada respuesta, deuda insoslayable con un mambisado heroico. Afortunadamente, un hermoso legado histórico quedaría en pie: el fracaso de la plasmación concreta del ideal nacional-liberador no implicó la desaparición de un cuerpo ideológico; por el contrario, la incierta situación política nacional vendría a reforzarlo. El pueblo de Cuba entraría en la primera intervención estadounidense, a partir de enero de 1899, con un patrimonio histórico e ideológico que impediría su absorción por los ocupantes foráneos, a pesar de los denodados esfuerzos hechos por los estadounidenses con tal fin.
Ocupación militar 1899-1902
El 1 de enero de 1899 comenzó oficialmente la ocupación militar de Cuba por los Estados Unidos. El status legal de Cuba había quedado establecido en el Tratado de Paz suscrito entre Estados Unidos y España en París el 10 de diciembre de 1898. Como establecía el texto del Tratado, España cedía la soberanía de un grupo de territorios a Estados Unidos, pero no era el caso de Cuba, cuya soberanía se «renunciaba» y quedaba ocupada por el imperio triunfante sin que se precisara tiempo ni condiciones. Se abría un momento de gran incertidumbre para el pueblo cubano que no podía vislumbrar con claridad su futuro inmediato.
Ese día se arriaba la bandera española y se izaba la estadounidense, al tiempo que partían de la Isla los últimos funcionarios y soldados españoles y tomaba posición del Gobierno de Cuba John R. Brooke o, quien estaría en ese cargo hasta diciembre de 899, cuando fue sustituido por Leonard Wood. Se establecía un Gobierno militar, que gobernaría por medio de Órdenes Militares, en un país que había derrotado a la vieja metrópoli, pero no había ganado la revolución.
La Cuba que transitó de la soberanía española a la ocupación militar estadounidense salía de una cruenta guerra, que se había extendido a todo el territorio insular gracias a la invasión desplegada por el Ejército Libertador. Quiere decir, todo el país había sufrido las consecuencias de la confrontación bélica y de la política de guerra aplicada por el mando español, especialmente la genocida reconcentración. Esto asoló las zonas rurales y, consecuentemente, las producciones agrícolas quedaron abandonadas con la concentración forzosa de sus habitantes en las zonas urbanas. A este drama humano se sumó en la última etapa el bloqueo naval estadounidense, una vez iniciada su intervención en la guerra, y el bombardeo de estas fuerzas a ciudades costeras. Era una sociedad que vivía los traumatismos derivados de esta situación.
Un índice ilustrativo de los efectos de la guerra se encuentra en la disminución del número de habitantes. El censo de 1887 arrojaba una cifra total de 1 638 687 habitantes, mientras que de 1899 daba la cifra de 1 572 797, lo cual indicaba un descenso bruto al que habría que añadir el aumento natural de la población, cuya tasa media anual de decrecimiento había sido de 8 a 12% en el decenio anterior.[11] Por tanto, no es posible determinar el monto real de pérdidas humanas, por lo que los demógrafos dan cifran que oscilan entre más de 200 000 y cerca de 400 000.
Los efectos de la guerra y la dislocación de la población también habían afectado sensiblemente las actividades económicas, especialmente en el agro cubano. La zona occidental, que concentraba el grueso de la industria azucarera, había sufrido de manera más profunda los embates de la guerra, por lo que este emporio salía del conflicto con su actividad mermada. En 1899 solo 217 centrales conservaban su capacidad activa, de los cerca de 500 que trabajaban en la zafra de 1895,[13] y su producción total acusaba un descenso del 75%. El proceso de concentración y centralización en la industria azucarera, iniciado en las dos últimas décadas, recibía un impulso mayor como resultado de la destrucción de la guerra. La situación de la industria del dulce tenía especial impacto en el país por su peso decisivo en la economía insular, aunque el resto de los sectores también sufrieron importantes afectaciones como es el caso del tabaco, que descendió en un 80%, y la ganadería que en algunas zonas desapareció. esto se reflejaba también en el comercio exterior, ya que la capacidad exportadora se había deprimido, de ahí que en 1899 el balance comercial fuera desfavorable en 21 716 200 pesos, situación que solo pudo revertirse en 1902.[14]
Dentro de las condiciones sociales prevalecientes al final del dominio español, ha que sumar los problemas educacionales, ya que Cuba heredaba un analfabetismo con 690 565 personas mayores de 10 años que no sabía leer ni escribir, los problemas sanitarios reflejados en la alta mortalidad ―98,19 por mil en 1898― y la carencia de empleos debido a la contracción de las actividades económicas.
Por otra parte, la legislación vigente seguía siendo la española con su perspectiva colonia. Al mismo tiempo, numerosos emigrados que había laborado por la independencia comenzarían a arribar a la patria una vez terminada la evacuación de las tropas españolas, sin que muchos de ellos tuvieran medios de subsistencia.
De este cuadro se desprende la necesidad de recuperación del país para la cual se necesitaba una política de reconstruccion, mientras que la población también se debatía en medio de una situación política incierta, sin que hubiera precisiones para el futuro inmediato acerca de la duración de la ocupación estadounidense y los propósitos que la animaban.
Las fuerzas patrióticas enfrentaban la nueva situación sin una estrategia coherente y unida. El Partido Revolucionario Cubano (PRC) había desaparecido por decisión de su delegado, Tomás Estrada Palma, según la «Circular a los Club, Cuerpos de Consejo y Agentes del Partido Revolucionario Cubano», publicada el 21 de diciembre de 1898 en Patria, en la que declaró «formal y solemnemente que vuestra obra ha terminado porque la patria está redimida».[15] Por otra parte se había constituido la Asamblea de Representantes, en cumplimiento de la Constitución de La Yaya, que sesionaba en Santa Cruz y se trasladaría hacia La Habana, pero que no había recibido reconocimiento alguno de las autoridades estadounidenses. El Ejército Libertador, en medio de una vida de campamento en condiciones extremadamente precarias, debilitaba su disciplina.
El 5 de diciembre de 1899, el presidente William McKinley expresó, en su mensaje anual ante el Congreso, que la nueva Cuba que surgiría de las cenizas del pasado debía quedar ligada a Estados Unidos «por lazos de singular intimidad y fuerza» si quería asegurarse su durable prosperidad. La determinación de si esos lazos serían «orgánicos o convencionales» se decidiría en el futuro, de acuerdo con la maduración de lo hechos, pero sí afirmaba que los destinos de Cuba estaban «de manera irrevocable» ligados con los de aquel país.[16]
En el seno de la sociedad estadounidense, y en especial en sus grupos de poder, existía un fuerte debate en torno a la política a seguir con la Isla. Diversos intereses se movían en torno al tema, ya que había grupos que aspiraban a la anexión reeditando viejas formas de denominación, otros buscaban vías en correspondencia con las características de la era del imperialismo mientras había quienes rechazaban cualquier forma de vínculo íntimo por afectación que podía significar a sus intereses sectoriales o regionales. También existían grupos solidarios con la independencia de Cuba, pero sus voces no llegaban a los círculos de poder. Entre quienes buscaban la ventaja de la incorporación de Cuba, pero sus voces no llegaban a los círculos de poder. Entre quienes buscaban la ventaja de la incorporación de Cuba a Estados Unidos, se destaca el Trust del Azúcar, que desde fines de siglo controlaba la compra de los crudos cubanos en Estados Unidos para sus refinerías. Los intereses específicos se mostraban en el debate, pero el peso decisivo estaría en el valor estratégico de Cuba. De acuerdo con el nivel de definición que se iba alcanzando, se fue articulando una política que permitiera asegurar la estabilidad de la Isla, su recuperación y la vinculación cada vez más estrecha con Estados Unidos.
A partir de estas premisas, se desarrolló una labor de impacto en la población y protección a los intereses estadounidenses así como de sus ciudadanos y tropas destacadas en Cuba. En ello se destacada el trabajo de saneamiento acometido por el Gobierno interventor. La ampliación de hospitales, la creación de las primeras escuelas de enfermería en Cuba,[17] el incremento de los servicios de salud, las obras de pavimentación de las calles y de alcantarillado, las medidas de lucha contra la fiebre amarilla y la creación de nuevos organismos en esta esfera, entre otras disposiciones, permitieron mejorar rápidamente el estado de salud, disminuyendo el índice de mortalidad a 17,7 por mil en 1900.
La presencia interventora abrió caminos a inversiones y construcciones que ampliaban una visión de modernización en la vida cubana. En esto se inscribe la construcción de puentes de acero y hormigón que sustituían a los viejos de madera, el primer tramo del malecón habanero, la red de tranvías eléctricos que se inauguró en 1901 ―antes que en Nueva York― y otras, como las urbanizaciones que se desarrollaban en los llamados bateyes aledaños a los centrales nuevos que comenzaron a fomentarse en esta etapa, así como la elevación de la eficiencia del servicio ferroviario con la unificación y rebaja de las tarifas y la construcción del ferrocarril que uniría a Santa Clara con San Luis, en Oriente, con grandes capitales estadounidenses.[18]
Un aspecto importante para el desempeño de la intervención era la estabilización de la presencia estadounidense en Cuba, en lo cual tuvo un lugar destacado el desarme de la población y el licenciamiento del Ejército Libertador con lo que se eliminaba un potencial peligro. En el ejercicio del Gobierno se abrió un espacio para atraer a figuras cubanas provenientes de las diversas tendencias políticas, especialmente del autonomismo y el independentismo, con la presencia predominante de figuras representativas del conservadurismo. Se dividió la Isla en siete departamentos, que respetaba la división provincial española de la que solo se separaba la ciudad de La Habana como séptimo departamento. Al frente de cada uno se nombró a un general estadounidense.
El Gobierno central quedaba en manos de un general, primero John Brooke y luego Leonard Wood, auxiliado de un Gabinete civil con cuatro cubanos de distintas tendencias y filiaciones aunque coincidían en su carácter moderado o conservador. También se nombraron cubanos como gobernadores civiles para las provincias, en lo cual se tuvo en cuenta la autoridad de las figuras procedentes del independentismo en la población, lo que garantizaba el acatamiento y la estabilidad. Especial atención se prestó a la reestructuración de los Gobiernos municipales, que inicialmente fueron los organismos básicos para la labor del Gobierno interventor. En los municipios también se inició la organización de cuerpos militares para la protección del orden, que fueron la base para la estructuración del cuerpo llamado Guardia Rural, cuya dirección se puso en manos de oficiales procedentes del Ejército Libertador. La ventaja de estas designaciones las enumeró el coronel Carpenter, jefe del departamento de Puerto Príncipe:
Desde el 13 de diciembre de 1898, y luego en junio de 1900, se hicieron cambios en el arancel cubano que mantenían la concepción colonial española de favorecer las importaciones, aunque con la diferencia de privilegiar las rebajas arancelarias a los productos de Estados Unidos. Los aranceles estadounidenses para los productos cubanos no se modificaron, lo que se convertía en una meta a alcanzar por los productores isleños. La otra línea serían las inversiones en distintos sectores económicos cubanos.
El 7 de febrero de 1902 la Orden Militar n.º 34 ―o Ley de Ferrocarriles― aseguraba todas las facilidades para la construcción del Ferrocarril Central que uniría a Santa Clara con San Luis, en Oriente (actual provincia de Santiago de Cuba), por la Cuba Co., empresa dirigida por William Van Horne con capital estadounidense, y el 5 de marzo de 1902 se emitía la orden n.º 62 «Sobre el deslinde y división de haciendas, hatos y corrales», que establecía los mecanismos para que empresas norteñas se apoderaran de importantes extensiones de tierra que se dedicarían a la industria azucarera. Los inversionistas buscaron los sectores que podían ofrecer mayores beneficios y, en esto, «azucareros y tabacaleros fueron los primeros en adquirir posiciones en el futuro, y ello era, hasta cierto punto natural, ya que los años de la intervención son los del crecimiento de los trust del azúcar y el tábaco en los Estados Unidos (...)».[20] Cuba se afirmaba como receptora del capital estadounidense, abastecedora de materia prima ―especialmente azúcar crudo y en menor escala tabaco en rama― y mercado para los productos manufacturados de Estados Unidos.
La situación creada por la ocupación militar constituía un desafío para los independentistas cubanos, esta era confusa y los mecanismos de dominación de la nueva época no estaban claros aún. Las fuerzas actuantes en la sociedad cubana, por otra parte, se expresaron de diversas maneras ante el futuro de la Isla y su relación con Estados Unidos. El primer problema radicaba en los órganos de dirección de la Revolución. Como se ha expresado, Estrada Palma disolvió el Partido Revolucionario Cubano (PRC), pero quedaban en pie la Asamblea de Representantes ―que se trasladó a Marianao, en la capital, y de ahí al Cerro― y el Ejército Libertador sin contar con el reconocimiento de las nuevas autoridades de ocupación.
El dilema estaba planteado en función de lograr ese reconocimiento y atender la situación del mambisado, ni derrotado ni triunfante, en campamentos donde subsistían penosamente con la ayuda de los clubes patrióticos que se constituyeron en distintas localidades. Muchos integrantes del Ejército Libertador, inactivos, regresaban a sus hogares donde sus familias sufrían la difícil situación emanada de la guerra. Se producía un relajamiento de la disciplina que el General en Jefe no podía impedir aunque trataba de tomar medidas preventivas.
En tales circunstancias, la acción del Gobierno estadounidense incentivó las discordias internas para debilitar la posible acción del independentismo. El tema central fue el licenciamiento del Ejército Libertador. Desde el fin de las hostilidades, algunos comenzaron a plantear su desmovilización o licenciamiento buscando la forma en que haría, pues deban por sentado que aquel había cumplido su función. Con el inicio de la ocupación militar esto tomo mayor fuerza, solo voces excepcionales llamaron a la permanencia organizada. Las condiciones tan precarias en que subsistía robustecían la percepción de su desaparición como fuerza estructurada, además de la anomalía de coexistir con un ejército que se suponía aliado. En este contexto llegó la acción estadounidense.
La Asamblea del Cerro buscó una vía para licenciar al Ejército y, al mismo tiempo, lograr su reconocimiento, al negociar un empréstito con una casa bancaria de Estados Unidos para pagar los haberes acumulados por los libertadores, mientras el Presidente de aquel país ofrecía un donativo al General en Jefe. Esto enconó las viejas disputas, ya que Máximo Gómez era opuesto a endeudar la República un antes de su nacimiento y entendía más conveniente aceptar el donativo, mientras la Asamblea insistía en el empréstito. En ese debate, el máximo órgano representativo decidió la deposición de Gómez de su cargo, con lo que se violentaron los ánimos pues se trataba del ídolo vivo del pueblo cubano. Tal hecho dejó a la Asamblea sin autoridad alguna y terminó disolviéndose en marzo de 1899. Se produjo entonces el licenciamiento de los mambises con el donativo de $3 000 000 de dólares, con lo que el independentismo quedó acéfalo. Muchos de los antiguos integrantes del mambisado, especialmente su oficialidad que recibió mayor compensación de acuerdo con su rango, marcharon a fomentar actividades agrícolas.
El camino de la república
La celebración de elecciones municipales el 16 de junio de 1900 constituyó un momento importante en el diseño cubano. La Ley Electoral fue muy polémica por cuanto planteaba el sufragio restringido y no el sufragio universal, principio este defendido por los más caracterizados independentistas en las reuniones de Wood con representantes del mambisado, como Bartolomé Masó. Sin embargo, se estableció que solo tendrían derecho al voto los varones, mayores de 21 años, que supieran leer y escribir, tuvieran bienes por un valor mínimo de 250 pesos o hubieran pertenecido al Ejército Libertador, por lo que solo votó el 14% de la población en edad electoral. A pesar de la limitación que excluía del sufragio a los sectores populares y del apoyo a las figuras menos radicales, el triunfo favoreció al independentismo en todo el país, lo cual era una evidencia clara de la voluntad nacional. Ese año se definió el futuro status de Cuba cuando se convocó a elecciones para delegados a una Asamblea Constituyente.
El 25 de julio de 1900 se publicó la convocatoria para elegir a 31 delegados a una Asamblea Constituyente cuyas funciones serían redactar y aprobar una Constitución para Cuba, y como parte de ella, «proveer y acordar con el Gobierno de los Estados Unidos en lo que respecta a las relaciones que habrán de existir entre aquel Gobierno y el Gobierno de Cuba».[21] Las elecciones cubanas debían celebrarse el 15 de septiembre bajo el método de voto restringido al que se adicionó la representación de la minoría. Con vistas a ello, los partidos políticos comenzaron a prepararse para nominar sus candidaturas. En definitiva se crearon dos bloques electorales: la alianza republicana-democrática frente al Partido Nacional Cubano.
El 5 de noviembre de 1900 la Constituyente inició sus labores ―un día antes de las elecciones en Estados Unidos― y el 21 de febrero de 1901 quedaba aprobada la Constitución, caracterizada por su inspiración liberal, tras enconados debates en los que se enfrentaron concepciones liberales radicales y conservadoras como puntos extremos. Se aprobó un texto que recogía los principios generales del liberalismo de la época, con la formula republicano-democrática, representativa y la clásica división de poderes:ejecutivo, legislativo y judicial. Bajo un sentido presidencialista, el poder legislativo estructuró, de acuerdo con el modelo estadounidense, en dos cuerpos: Senado y Cámara de Representantes. Se establecía un Estado laico al separar la Iglesia del Estado y se recogían los derechos individuales, dejando expreso el pleno respecto a la propiedad privada. La Constitución creaba la República, pero no plasmaba la revolución anticolonial.
La composición de amplia mayoría independentista de la Asamblea hacía esperar que la decisión preservara la soberanía nacional y en este sentido se movió la discusión. Estados Unidos comenzó a presionar rápidamente. La resistencia cubana hizo que el problema se decidiera en el poder legislativo del Norte. Primero fue la comunicación del secretario de la Guerra, Elihu Root, a Wood, planteando los términos que debía recoger el documento y, después, fue el Congreso. En la discusión de la Ley de Créditos del Ejército, el senador Orville H. Platt presentó el 25 de febrero una enmienda a la Ley de Créditos del Ejército relativa a las relaciones bilaterales cuyo articulado ―que asumía lo planteado por Root― constituía el mecanismo legal para la dependencia cubana. El Senado la aprobó el 27, el 1ro de marzo lo hacía la Cámara. El 2 de marzo de 1901 el Presidente estadounidense sancionó la ley con la enmienda.
I Que el Gobierno de Cuba nunca cederá con ningún Poder o Poderes extranjeros ningún Tratado u otro convenio que pueda menoscabar o tienda a menoscabar la independencia de Cuba ni en manera alguna autorice o permita a ningún Poder o Poderes extranjeros, obtener por colonización o para propósitos militares o navales, o de otra manera, asiento en o control sobre ninguna porción de dicha Isla.
III Que el Gobierno de Cuba consciente que los Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un Gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que, con respecto a Cuba, han sido impuestas a los Estados Unidos por el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba.
IV Que todos los actos realizados por los Estados Unidos en Cuba durante su ocupación militar sean tenidos válidos, ratificados y que todos los derechos legales adquiridos a virtud de ellos, sean mantenidos y protegidos.
VI Que la Isla de Pinos será omitida de los límites de Cuba propuestos por la Constitución, dejándose para un futuro arreglo por Tratado la propiedad de la misma
VII Que para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el Gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán con el Presidente de Estados Unidos.La reacción cubana fue explosiva. Los delegados a la Constituyente resistieron durante tres meses, con el respaldo popular espontáneo ya que el pueblo se lanzó a las calles en todo el país a protestar contra aquel atropello y se concentró ante el teatro Martí (antiguo Irijoa) lugar de sesiones de la Asamblea. La tensión creció y Estados Unidos tuvo que aplicar la imposición.
El Gobierno estadounidense buscó negociar la aceptación ofreciendo el señuelo del ansiado tratado comercial, lo que se conjugó con el «movimiento económico» de las corporaciones burguesas como el Círculo de Hacendados, la Unión de Fabricantes de Tabaco y el Centro General de Comerciantes e Industriales, a quienes se unía otras instituciones como al Sociedad Económica de Amigos del País. Sin embargo, la resistencia popular no cedía, lo que se expresaba en el seno de la Asamblea, por lo que hubo que llegar a la disyuntiva definitiva: o República con Enmienda o se mantenía la ocupación. Después de varias votaciones adversas, el 12 de junio se aprobó la Enmienda, que se incorporaría como apéndice a la Constitución, por dieciséis votos contra once. Se había cercenado la soberanía cubana, habría República con Enmienda. Era el primer instrumento jurídico-político para la estructuración de la neocolonia.[24]
Una vez resuelto el tema de la Constitución y su apéndice, procedía hacer la convocatoria a elecciones generales. previamente, en junio de 1901, se celebraron nuevos comicios para elegir autoridades municipales, esta vez con la adhesión de reservar un 40% de los espacios a la minoría, lo que limitaba el número de candidatos por los que podía votar el electorado y abría espacios a los representantes del conservadurismo, minoritario en la intención de voto. Los comicios arpa elegir los Gobiernos provinciales, representantes y compromisarios sería el 31 de diciembre de 1901 y el 24 de febrero de 1902 los compromisarios designarían a Senadores, Vicepresidente y Presidente. De nuevo los partidos políticos entraban en campaña.
El centro de atención ciudadana estaba en la designación de los candidatos presidenciales. Hubo quienes, como Máximo Gómez, pretendieron armar una candidatura independentista con Tomás Estrada Palma y Bartolomé Masó para Presidente y Vicepresidente respectivamente, pero aunque pareció posible inicialmente, esto no prosperó y ambos se enfrentaron como aspirantes presidenciales. A partir de las nominaciones se armaron las agrupaciones esta vez con una coalición nacional-republicana que apoyaba al binomio Estrada Palma-Luis Estévez Romero, mientras que Unión Democrática y otros pequeños postulaban a Masó-Eusebio Hernández.
La candidatura de Estrada Palma contaba con el apoyo del general Wood, pero también del independentismo, en especial con el respaldo decisivo de Máximo Gómez. Para las primeras era de esperar transparencia, sin embargo el Gobierno interventor mostró parcialidad. Los representantes masoístas reclamaron presencia en la Junta Central de Escrutinios, ya que al separarse Masó quedaban sin representación. El reclamo no fue atendido. Esta y otras acciones de respaldo oficial a Estrada Palma determinaron que la candidatura masoísta se retirara de la campaña. El triunfo indisputado fue para la coalición nacional-republicana, con el respaldo del 47% de los electores.
Los cubanos recibieron con júbilo el traspaso de poderes el 20 de mayo de 1902. Se había alcanzado el objetivo inmediato: poner fin a la ocupación militar, aunque quedaron tropas estadounidenses en la Isla por dos años más, y se proclamaba la República de Cuba sobre la Enmienda Platt proyecta a su sombra.
Etapa neocolonial (1902-1958)
El Gobierno de Estrada Palma (1902-1906)
El Gobierno presidido por Estrada Palma debía iniciar el primer período republicano en Cuba, y por tanto, enfrentar sus retos. Sin embargo, no elaboró una política económica de fomento del país y de creación de fuentes de empleo y privilegió el ahorro de las recaudaciones del Estado. Entre sus primeras prioridades estuvo el cumplimiento de la Enmienda Platt, en cuanto a los tratados que debían firmarse, y la atención al reclamo de un tratado comercial con Estados Unidos proveniente de las corporaciones burguesas. Sin duda, la firma de los varios tratados bilaterales con el país del Norte marcó con fuerza la gestión estradista, además de la conformación de su Gabinete en el que tuvieron preeminencia figuras connotadamente conservadoras, la mayoría procedentes del autonomismo.
El 22 de mayo de 1903 se firmó el Tratado Permanente determinando las Relaciones entre la República de Cuba y los Estados Unidos, que recogía el artículo de la Enmienda Platt tal como establecía su artículo octavo. El 2 de julio del mismo año se firmó el Convenio de Arrendamiento para Estaciones Navales, asunto que tenía alta prioridad para Estados Unidos, más aun cuando las comunicaciones dependían del transporte marítimo y el dominio del Caribe permitía controla la zona canalera. Inicialmente había la aspiración de obtener territorio para cuatro bases: Nipe, Guantánamo, Cienfuegos y Bahía Honda. Las negociaciones llevaron a reducir a dos las bases contempladas en el convenio y, cuestión muy importante, el territorio se arrenda, no se vendía. Finalmente solo se abrió la base de Guantánamo.[25]
En 19004 se firmaba el Tratado sobre Isla de Pinos que reconocía la soberanía cubana sobre ese territorio, como compensación por las concesiones cubanas en cuanto a las estaciones navales y carboneras. No obstante, no entró en vigor hasta 1925 pues el Senado estadounidense no lo ratificó hasta esa fecha.
Los convenios firmados hacían más sólidos los mecanismos político-jurídicos creados por la Enmienda Platt para la dependencia, pero había que asumir otros mecanismos económicos también fundamentales. En ese sentido tenía primera prioridad el tema comercial. Este asunto se había planteado insistentemente por la parte cubana y había sido objeto de debate en Estados Unidos por los intereses contrapuestos que se movían allí. Esta vez las negociaciones fueron bastante complicadas pues la parte estadounidense se mostró inflexible en sus posiciones. El 11 de diciembre de 1902 fueron firmado por ambas partes y ratificado en 1903. La discusión en el Senado cubano mostró la posición dependiente de los representantes de la burguesía doméstica frente a la defensa nacional minoritaria en aquel cuerpo, encarnada en Manuel Sanguily con muy pocos acompañantes como Salvador Cisneros, Eudaldo Tamayo y Tomás Recio.
El Tratado de Reciprocidad Comercial se convertía en un instrumento clava para la dependencia. La burguesía doméstica había sacrificado el posible desarrollo interno a la seguridad del mercado estadounidense, que entraría como materia prima, en forma de crudos, para las refinerías del Norte. Esta posición dependiente se había puesto de manifiesto en las negociaciones frente a la intransigencia norteña, que impuso sus condiciones. La preservación de aquel mercado fue determinante para la aceptación de los términos del convenio. Los sectores oligárquicos de la burguesía cubana formaban así parte orgánica del modelo neocolonial desde una posición subordinada.
Los intentos de abrir posibilidades comerciales en otros mercados se frustraron por la presión estadounidense. El caso más representativo fue el de Gran Bretaña, que negociaba un acuerdo comercial bilateral desde 1902 que tomó forma en 1905. a pesar de que el texto, respetaba las concesiones hechas a Estados Unidos, el Gobierno de ese país movilizó a su representante en La Habana, Hebert Squiers, y a los principales socios del dominio neocolonial en Cuba para impedir la cristalización del propósito. El Reino Unido era el segundo abastecedor del mercado cubano (alrededor del 14%) y los norteños no querían correr riesgos, de ahí que el Senado cubano no ratificara el convenio.[27]
El cuadro de dependencia se completaba con la concertación de empréstitos por casas bancarias de Estados Unidos, Estrada Palma inauguró esta práctica con la casa bancaria Speyer de Nueva York por 35 millones de dólares para pagar al Ejército Libertador.
El aparato político-administrativo-militar se pondría en funcionamiento con el Gobierno de Estrada, durante el cual se fundó el Partido Moderado como partido de Gobierno. Dicho partido impulsó la reelección estradista en 1905, frente a la candidatura liberal de José Miguel Gómez y Alfredo Zayas. Ante la imposición moderada, los liberales acudieron a la violencia, en la llamada Guerrita de Agosto, en 1906.
Segunda ocupación militar
Los sucesos de 1906 pusieron en evidencia la endeblez de las instituciones creadas. Las partes en pugna actuaron con la misma intransigencia, pero coincidieron en buscar la solución en los Estados Unidos. Se produjo entonces la segunda intervención estadounidense. El Gobierno interventor debía perfeccionar y completar los mecanismos institucionales para lograr la necesaria estabilidad. De ahí la abundante obra desplegada por la Comisión Consultiva creada al efecto y que emitió un conjunto de leyes complementarias de la Constitución. Estas regulaban el funcionamiento de las instancias de Gobierno a todos los niveles y de los distintos poderes. También completó la organización de los cuerpos represivos al crear el Ejército permanente.
El Gobierno de Charles Magoon trató de resolver los conflictos políticos mediante concesiones a cargo del tesoro público y organizó nuevas elecciones. El triunfo fue para los liberales José Miguel Gómez y Alfredo Zayas, frente a los conservadores Mario García Menocal y Rafael Montoro. Comenzaba entonces una segunda etapa republicana, que debía el trabajo de estabilización iniciado.
Una República restaurada pero vigilada
La administración miguelista debía procurar el funcionamiento bipartidista, pero actuaba en condiciones muy especiales: se sabía que cualquier problema podía llevar a la aplicación del artículo tercero de la Enmienda Platt y, luego de la segunda intervención, el peligro de la pérdida definitiva del nivel de soberanía alcanzado actuaría como amenaza perenne y elemento paralizador. A pesar de ello, el Gobierno liberal debió enfrentar agitaciones sociales de cierta envergadura, a las cuales respondió con una política represiva que cerro el camino a una posible reelección. La corrupción político-administrativa ―convirtió al general José Miguel Gómez en Tiburón en el imaginario popular―, los conflictos con los veteranos y con el Partido de los Independientes de Color y la cruenta represión, además del pobre desempeño programático, enajenaron al partido Liberal el apoyo de buena parte de sus antiguos electores. En 1913 comenzaría una administración conservadora al frente de la cual estaría el Mayor General Mario García Menocal.
El Gobierno menocalista continuó la corrupción político-administrativa, para enriquecimiento de propios y tralización política, con la malversación de fondos del tesoro público y el uso de la «botella» como práctica ya acuñada. El Mayoral, como se le decía a Menocal por sus vínculos con la industria azucarera y, especialmente, con los intereses estadounidenses en el sector, gobernó en la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, la cual brindó un notable impulso al crecimiento azucarero de Cuba. Así, la política de guerra marcó con mayor fuerza su gestión, más allá de las obras públicas o la Ley de la Moneda, que creó la moneda nacional en 1914.
En los años de guerra, lo más importante era mantener la tranquilidad interna y garantizar la producción azucarera; por ello, cuando Menocal impulsó su reelección, contó con el respaldo de la Legación de los Estados Unidos. Los liberales, una vez más, recurrieron al alzamiento, pero el llamado Alzamiento de la Chambelona, en 1917, llegó en mal momento, cuando los Estados Unidos necesitaban tranquilidad en su «traspatio» para concentrarse en el conflicto europeo: el Gobierno estadounidense declaró ilegal la acción libera., De esta forma los belicosos liberales se rindieron y se consumó la reelección. Una vez más se había demostrado la inestabilidad de la República, por lo que se tomaron nuevas medidas estabilizadoras esta vez en cuanto a la ley electoral. El Departamento de Estado de los Estados Unidos envió al general Enoch Crowder, quien había estado en Cuba como funcionario durante la primera ocupación militar y había presidido la Comisión Consultiva durante el Gobierno de Charles Magoon. En agosto de 1919, se aprobó el nuevo código electoral, conocido como Código Crowder.
El 16 de abril de 1917, los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial, un día después lo hizo Cuba. La Isla vendería entonces sus zafras completas a los Estados Unidos a precios de sacrificio, de esa manera se vendieron las zafras de 1917/19718 y 1918/19. Era su contribución a la guerra. Para garantizar el orden interno, se combinó la política de concesiones con la represión, incluyó la suspensión de garantías constitucionales. Durante este Gobierno, se vivió el período de la «danza de los millones», que tuvo su punto alto en 1920, pero terminó en medio de la crisis de posguerra, de 1920 a 1921.
El Partido Conservador, en ocho años, había tenido fuerte deterioro, por lo cual pactó con Alfredo Zayas para las elecciones en 1920. El triunfo zayista fue el resultado de la alianza entre ele nuevo partido que había fundado, el Partido Popular, con el Conservador, para formar la Liga Nacional, que utilizó los mecanismos del poder para garantizarlo.
El deterioro republicano
La República surgida en 1902 mantenía múltiples contradicciones en su seno. Los problemas sociales, lejos de resolverse, se iban acumulando. El fenómeno del latifundio se había agravado con el proceso inversionista en la industria azucarera. Grandes extensiones de tierra habían pasado a manos de empresas estadounidenses, algunas de las cuales eran dueñas de más de diez mil caballerías de tierra. En contraposición, se incrementaba el número de campesinos sin tierra, quienes trabajaban para los latifundistas bajo distintas formas de dependencia, a veces pre capitalistas. Parte de estos campesinos tenían que vender su fuerza de trabajo temporalmente en busca de subsistencia.
La acumulación de estos y otros problemas daría lugar a luchas sociales, especialmente dentro de la clase obrera, mediante huelgas como método principal, encabezadas por organizaciones aún débiles. Los intentos de crear un partido obrero en 1899 y 1900 estaban todavía muy alejados de las posibilidades de la clase obrera cubana en aquel momento. Aunque surgieron organizaciones sindicales o gremiales que agrupaban a los obreros en estructuras nacionales, tanto partidistas como sindicales, pero no fructificaron dentro de una clase numéricamente pequeña y muy fraccionada. También actuaba ele elemento paralizador de la Enmienda Platt. No era una clase aún preparada para sumir sus propias metas clasistas y las metas nacionales.
Otro sector marginado, el femenino, empezó a organizarse para reclamar sus derechos de género. Ya en 1912, surgió el Partido Nacional Feminista, y, en 1913, el Partido Sufragista; ambos dieron al Partido Nacional Sufragista. En 1918 se fundó el Club Femenino de Cuba, de amplia y prolongada trayectoria. Las mujeres planteaban sus metas de género, pero incluían también los problemas generales de la sociedad, insertándose en los debates de la época.
La rapidez del deterioro republicano y la acción injerencista estadounidense, presente por medio de sus ministros en Cuba, la segunda intervención o los desembarcos de marines ante alteraciones internas, provocaron reacciones que abrirían un nuevo camino. En estas condiciones, la crisis económica de 1920 a 1921 y el Gobierno de Zayas marcarían un momento importante en el desgaste republicano.
El deterioro de las instituciones republicanas, con la escandalosa corrupción político-administrativa; la acumulación de problemas sociales; la irritante política estadounidense; la crisis económica de 1920-1921, con sus secuelas; y la maduración de la conciencia nacional en las nuevas condiciones, fueron factores condicionantes de los movimientos de protesta y rebeldía desarrollados en el primer lustro de la década del veinte. La conciencia del desastre republicano tomó fuerza. Prácticamente todos los sectores sociales entraron en ebullición. Había distintos tipos de cuestionamientos y crecía el antinjerencismo, la protesta cívica y, en algunos casos, se llegaba al antimperialismo.
El movimiento obrero cubano experimentaba avances organizativos importantes, entre 1920 y 1925, los cuales culminaron con la creación de la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC). Aunque aún no se planteaba el problema nacional ni su inserción en la lucha política, sí impulsó la lucha de clases con mayor coherencia. La presencia del marxismo estaba limitada todavía a pequeños grupos en La Habana y otras localidades, pero en 1918 surgió la Agrupación Socialista de La Habana, que inició un proceso por el cual, en 1925, se celebró el Congreso de Agrupaciones Comunistas (que entonces eran nueve), fundador del Partido Comunista. Las figuras de mayor relevancia en aquella dirección fueron el obrero Carlos Baliño y el estudiante Julio Antonio Mella. El nuevo partido obrero sobre bases revolucionarias, que incluían el planteamiento antimperialista.
La Protesta de los Trece, en 1923, encabezada por el joven poeta Rubén Martínez Villena, marcó la irrupción de los jóvenes intelectuales en la lucha cívica. Aquel gesto se continuó con la Falange de Acción Cubana y estuvo en el espíritu de quienes integraron el Grupo Minorista.
La Universidad de La Habana fue escenario de la beligerancia estudiantil. El movimiento por la reforma universitaria de fines de 1922 y del año 1923, influido por movimiento similares en el continente, proyectó a los estudiantes dentro de la vida nacional, teniendo en su centro a un líder estudiantil carismático, aglutinador, de rápida maduración revolucionaria: Julio Antonio Mella. Aquel movimiento alcanzó su momento culminante con el Congreso Nacional Revolucionario de Estudiantes, celebrado en octubre de 1923 donde hubo planteamientos francamente antimperialistas. El movimiento estudiantil, encabezado por Mella, calaba en lo profundo del problema cubano. Su fruto más inmediato fue la Universidad Popular José Martí, fundada en 1923, donde estudiantes y jóvenes profesionales se convirtieron en profesores de obreros.
Más allá de los logros universitarios de la reforma, su mayor trascendencia estuvo en la entrada de la masa estudiantil en el combate político, su fuerte repercusión nacional, la creación de la Federación Estudiantil Universitaria en 1922, y el nacimiento de Mella como reconocido dirigente estudiantil con resonancia en todo el país. Aquel estudiante de veinte años, por sus vínculos con la joven intelectualidad y con el movimiento obrero, se convirtió en la figura revolucionaria de mayores potencialidades movilizativas.
Uno de los movimientos de mayor amplitud fue el de Veteranos y Patriotas, que nació como un movimiento de protesta cívica por parte de los veteranos de la guerra independentista. El movimiento creció y dio origen a la Asociación de Veteranos y Patriotas (1923-1924). De composición e ideología heterogéneas, el movimiento buscaba reformas rectificadoras, y en su seno surgió una corriente insurrecionalista en la cual descollaron los jóvenes de la Falange de Acción Cubana, encabezados por Rubén Martínez Villena. Aunque la insurrección de Federico Laredo Bru, en 1924, terminó en un gran fiasco, esta experiencia aportó mucho a la maduración revolucionaria de Rubén, la que se completó con su acercamiento al movimiento obrero a través de la Universidad Popular José Martí y el estrecho vínculo con Mella.
El movimiento feminista también alcanzó un punto importante en su desarrollo, con la celebración del Primer Congreso Nacional de Mujeres, en 1923. A pesar de la existencia de divisiones en cuanto a sus metas de género, la mujer se insertaba en el movimiento cívico desatado. Otro hecho significativo del año 1923, fue el manifiesto de la Junta de Renovación Nacional, presidida por Fernando Ortiz, firmado por representantes de organizaciones, corporaciones económicas, instituciones profesionales y otras. En él se abogaba por la renovación de la vida pública para consolidar la República y terminar la obra de la Revolución.
De Machado a la Revolución del 30
Para las elecciones generales de 1924, el Partido Liberal llevó la candidatura de Gerardo Machado, quien presentó un programa electoral que constituyó una propuesta de reformulación de algunos aspectos del sistema; se trataba de superar sus deficiencias y sostenerlo. Este programa fue promovido por grupos oligárquicos ―en alianza con los grupos más poderosos y determinantes del imperio estadounidense―, por lo que, al responder a estos intereses se movía dentro del marco de relaciones determinado por la dependencia neocolonial. Dichas propuestas se dirigían a salvaguardar el sistema en su conjunto, aunque las vías concretas se movían a favor de los grupos vinculados a Machado. Frente a la candidatura de Menocal, Machado ganó cinco de las seis provincias. El 20 de mayo de 1925 comenzaba su gestión de Gobierno.
El proyecto machadista se articuló en un proyecto de Gobierno coherente. Cuya concepción básica en el aspecto económico era la búsqueda de la diversificación de la producción agrícola e industrial para el mercado interno, y se complementaba, en el plano político, con la creación de un frente común de la representación política oligárquica y la participación o atracción de las cooperaciones burguesas y de todos los sectores sociales posibles, con lo cual se abrió un espacio de participación a grupos de la burguesía no oligárquicas. Fue la primera respuesta de los grupos de poder ante las manifestaciones de la crisis del sistema neocolonial en Cuba.
La búsqueda de soluciones de los problemas cubanos condujo, necesariamente, a procurar algunos reajustes en las relaciones con Estados Unidos. Especialmente en los términos del Tratado de Reciprocidad y el Tratado Permanente; pero no se encontró aceptación en este país, y la burguesía cubana reacción supeditando sus aspiraciones a las relaciones dependientes.
El Gobierno de Machado desarrolló su programa básicamente, entre 1925y 1927, cuando estableció los pilares fundamentales: las restricción azucarera, el plan de obras públicas y la reforma arancelaria. Con la restricción de la producción de azúcar, se trataba de mantener los precios del dulce a partir de una política de restricción estatal, pero no alcanzó a invertir la tendencia al estancamiento. Tampoco detuvieron la baja de precios los mecanismos para negociar centralizadamente la venta de azúcar o los intentos de la concertación internacional. La restricción azucarera aparecía por primera vez en Cuba, era la evidencia clara de que se trataba de un sector que había llegado al final de su crecimiento.
El plan de obras públicas debía palear la caída de los salarios y el nivel del desempleo. Por él se acometieron obras de carácter suntuario, con el Palacio del Congreso o Capitolio, o la ampliación del Malecón habanero. También se completaron los jardines de la Universidad de La Habana y se construyó su Escalinata. Algunas de las obras fueron de utilidad como la pavimentación de las calles, la construcción de acueductos y alcantarillados, y, especialmente, la Carretera Central de indudable beneficio para la actividad económica del país. Pero se recurrió al financiamiento externo, por lo que, en abril de 1933, la deuda de la República ascendía a $170 762 320, de los cuáles $82 322 000 correspondían al financiamiento de las obras públicas. Agravada por la malversación de esos fondos.
El proyecto machadista de soluciones comprendió la neutralización de la rebeldía nacional y la necesaria estabilidad política. Surgió así la fórmula del cooperativismo, la cual, con la atracción de los partidos de oposición, pretendían gobernar a nombre de los partidos oligárquicos, eliminar toda forma de oposición y suprimir las pugnas y contradicciones por el poder. Se logró la participación del Partido Conservador, único de oposición, pues el Popular había con Machado para las elecciones, y también la cooperación de las cooperaciones burguesas. Además de atraer a otras fuerzas por medio del halago, las concepciones y las presiones.
La alternativa política al cooperativismo fue la represión contra los que se negaran a colaborar o expresaran alguna forma de oposición. Fue una represión selectiva y diferenciada, dirigida contra quienes representaba un mayor peligro, como fue el caso del movimiento obrero y estudiantil, aunque con métodos diferentes de acuerdo con las características de estas fuerzas, sin excluir por ello a ninguna manifestación de oposición.
Como parte de este proyecto se intento la permanencia del mismo equipo de Gobierno en el poder, por medio de una reforma constitucional que permitiera prorrogar el mandato de todos los cargos electivos y suprimiera la reelección presidencial, lo cual había sido una promesa electoral. En definitiva, hubo reforma violatoria de los procedimientos constitucionales por la cual Machado se reeligió por un período prorrogado por seis años, en unas elecciones celebradas bajo la Ley de Emergencia Electoral de 1925, que prohibía la reorganización de partidos y la inscripción de otros nuevos. Sin embargo, cuando Machado tomó posesión en su segundo mandato en 1929, comenzó la quiebra de su régimen.
La violación de los mecanismos de la democracia burguesa generó contradicciones en el seno de los partidos políticos que se movían en la lucha por el poder, y afecto sensiblemente al seno del cooperativismo, mientras las masas populares iban madurando y estaban en condiciones de insertarse en un primer plano de la lucha política. Por otra parte se evidenciaba la insuficiencia del programa económico de Machado para resolver la situación cubana lo cual se agravó dramáticamente con los efectos de la crisis mundial en 1929. Dicha crisis aceleró el descenso de todos los índices económicos, aunque estos venían bajando desde los años precedentes.
El cooperativismo y la represión combinadas habían logrado funcionar durante los primeros años del Gobierno de Machado, acallando la oposición y desarticulando al movimiento popular, por eso pudo realizarse el proceso de prorrogas de poder y reelección sin que se articulara un movimiento de oposición popular aunque hubo contradicciones en el camino.
Desde su génesis, el cooperativismo tuvo divisiones internas, pues los liberales y populares rechazaban la idea de compartir el poder con los conservadores. Se quería disfrutar del triunfo, es decir, de los cargos públicos. A pesar de ello, se alcanzó un importante consenso. Sin embargo en el camino de las prorrogas y las reelección fueron apareciendo opositores saliendo de las filas de los partidos cooperativistas, quienes estructuraron organizaciones y grupos de oposición cuyo objetivo era impedir la reforma constitucional y mantener el funcionamiento político anterior a la ley de emergencia electoral de 1925. Surgió así Unión Nacionalista, con políticos de distintas procedencias nucleados alrededor de Carlos Mendieta, desplazado por Machado de la candidatura liberal. Algunos se agruparon alrededor de Miguel Mariano Gómez, hijo del expresidente Jóse Miguel, ya fallecido en 1921, constituyendo el grupo de los marianistas. En el Congreso apareció el grupo de los conservadores ortodoxos, y Mario García Menocal definió su oposición en 1930; pero ninguno ofrecía programa alternativo al de Machado para resolver la crisis cubana; tampoco articularon un movimiento de oposición capaz de impedir el continuismo, aunque algunos tenían cierta influencia no desdeñable.
Esta oposición intentó actuar dentro de una legalidad que cada vez se hacía más precaria. Estos intentos se intensificaron y buscaron soluciones conciliatorias en ocasión de las elecciones parciales de 1930. Entonces aparecieron los llamados del Diario de la Marina y las gestiones de García Menocal y otros, conectados con la Embajada estadounidense. Se perseguía una solución electoral, sin resultado. El fracaso de los intentos conciliatorios y de las apelaciones legales; las elecciones parciales de 1930, celebradas bajo la Ley de Emergencia electoral de 1925; el apoyo estadounidense a Machado; el recrudecimiento de la política represiva y la intensificación de las acciones populares, irrumpieron violentamente en la lucha revolucionaria, y los políticos tradicionales se enfrentaron al peligro de perder el liderazgo del movimiento político.
La circunstancia apuntaba, más al cierre de toda posibilidad de ejercicio de oposición, precipitó a los políticos tradicionales de oposición a un movimiento insurreccional que estalló en agosto de 1931. Aquel movimiento era un extremo heterogéneo, por la cantidad y calidad de fuerzas que arrastró. Los alzamientos mostraron las posibilidad es combativas existentes en el país, y destacaron a Antonio Guiteras como luchador revolucionario, pero terminaron en una bochornosa rendición de sus líderes, Menocal y Mendieta, y la pasividad de Miguel Mariano, lo cual afectó sensiblemente al liderazgo político nacional.
La oposición salida de sectores burgueses se fue nutriendo con gran celeridad de nuevas fuerzas y figuras. Hasta ese momento, ni los grupos de oposición ni las cooperaciones burguesas habían elaborado proyectos alternativos. Los debates sobre política económica, ocurridos en 1929 y 1930, solo apuntaban a soluciones muy específicas, no a un proyecto general. En este contexto cobra importancia la aparición, en 1931, de la organización ABC. Esta organización se asentaba, fundamentalmente, en grupos de las capas medias y alcanzó una influencia bastante amplia por su intensa actividad terrorista. Pero su programa de 1932 aportó un elemento nuevo al debate político. De corte reformista, proyectaba un Estado cooperativo y ofrecía un programa alternativo de soluciones, aunque dentro de la concepción del fatalismo geográfico en relación con los Estados Unidos. Era la primera propuesta alternativa, coherente y abarcadora, emanada de la oposición de los sectores burgueses.
El movimiento popular tampoco tenía un verdadero proyecto cuando Machado asumió el poder. Ni siquiera el Partido Comunista, recién surgido, estaba en condiciones de presentar un programa de tal naturaleza. Hacia 1929-1930 se planeó como objetivo el logro de la independencia nacional y la necesidad de enarbolar un programa propio. En 1931, este período dio a conocer su programa inmediato de lucha, donde recogía básicamente las tareas de la Revolución agraria y antimperialista.
El movimiento estudiantil había mostrado combatividad frente al proceso continuista. En 1927 había organizado el Directorio Estudiantil contra la prorroga de poderes, pero sus dirigentes fueron expulsados de la Universidad, por lo cual quedó desintegrado. La represión machadista había asesinado a obreros o los había expulsado del país, pero con los estudiantes se utilizaban otros métodos. Sin embargo, Mella fue objeto de persecución bien tempranamente. En el propio año de 1925 fue expulsado de la Universidad y encarcelado sin derecho a fianza, lo que desencadenó la huelga de hambre del joven. La intensa movilización popular logró su salida de la cárcel, pero debía abandonar el país, pues estaba condenado a muerte. Desde el exterior, en México, Mella organizó un movimiento que planteó, quizás, el proyecto revolucionario más importante concebido en aquellos años.
Julio Antonio Mella fundó la Asociación de Nuevos Emigrados Revolucionarios Cubanos (ANERC), en 1928 su programa contemplaba un conjunto de medidas de carácter democrático y de liberación nacional capaz de atraer a diversas fuerzas. Mella, con su capacidad de generar una amplia unidad, concibió una acción amarga que derrocara a la tiranía y abriera el camino a las transformaciones políticos y sociales, en la cual debían participar todas las fuerzas emancipadoras y revolucionarias. Fue una concepción sobre la base de un frente amplio. El asesinato de Mella en México, en enero de 1929, por orden de Machado, quien hizo abortar aquel intento.
En 1930 se produjeron los primeros grandes movimientos de masas en las luchas revolucionarias del siglo XX. La Huelga general de 24 horas, de marzo de 1930, las acciones del Primero de Mayo, como movilizaciones obreras, y la manifestación estudiantil del 30 de septiembre, que costó la vida al estudiante Rafael Trejo, marcaron el inicio de la generalización de la lucha a toda la sociedad. El proceso revolucionario de los años 30 mostró que las fuerzas nacionales iban madurando y asumían un ascendente papel protágonico en las luchas políticas, no se encontró el camino de la acción conjunta. La insubordinación de las masas, quienes actuaron en distintas organizaciones con diversas proyecciones ideológicas, aportó programas de diferentes signos, como los del Directorio Estudiantil Universitario (DEU), el Ala Izquierda Estudiantil, el programa de Guiteras, las Bases Programáticas del Partido Comunista y la CNOC, entre otros. Estos combates pusieron en crisis a Machado pero no pudieron imponer una solución revolucionaria.
En marzo de 1933 tomó posesión el nuevo Gobierno estadounidense, presidido por Franklin Delano Roosevelt, lo que significó un cambio hacia el reformismo para superar los efectos de la crisis y restaurar las deterioradas relaciones con el continente, donde había una peligrosa insurgencia. La fórmula de continental del «Buen Vecino» planteó para Cuba la política de «mediación», que debía aplicar su nuevo embajador, Benjamin Sumner Welles, y la oposición burguesa decidió participar en las negociaciones. En ella se incluyó el ABC. Las organizaciones populares mantuvieron la lucha contra la huelga nacional de agosto de 1933, precipitaron la caída de Machado pero el mediador buscó una salida para impedir a las fuerzas revolucionarias el acceso al poder.
La sustitución de Machado por Carlos Manuel de Céspedes y Quesada en la presidencia no pudo detener la situación revolucionaria que permeó hasta los cuerpos armados, por el contrario, se entraba en su momento más alto. De allí salió el movimiento militar, encabezado por un grupo de sargentos, devenido golpe de Estado el 4 de septiembre de 1933. Fulgencio Batista asumía la dirección militar y entraba en escena.
Después del golpe del 4 de septiembre de 1933 se instauró un Gobierno colegiado de cinco miembros, conocido como Pentarquía, que fue sustituido por un Gobierno presidencialista, con Ramón Grau San Martín al frente, este combate de ideas continuó con más fuerza aún.
El Gobierno presidido por Grau conocido como Gobierno de los Cien Días se caracterizó internamente por una gran heterogeneidad ideológica, lo cual debilitó sus posibilidades de acción y su capacidad de captar los sectores populares para mantenerse en el poder. Aunque constituyó una ruptura del dominio político por parte del bloque oligárquico, fueron sectores de las capas medias, fundamentalmente estudiantes y profesionales, quienes arribaron al poder, constituyendo un grupo minoritario. Internamente, se vio presionado por ejército, en un proceso que Batista capitalizó para crear su liderazgo político. Aunque en su seno tuvo un aliento revolucionario, donde descolló la figura de Antonio Guiteras como Secretario de Gobernación, Guerra y Marina, sus contradicciones hicieron crecer la oposición de las organizaciones revolucionarias excluidas del poder.
La obra del Gobierno provisional de Grau incluyó, en apenas 127 días, medidas de justicia social, de desarticulación del aparato político-militar existente y de defensa de la soberanía nacional, pero no se logró armar una política coherente sobre la base de un programa común, consistente, pues el Gobierno se debatía entre la reforma y la revolución. Entre las más sobresalientes medidas decretadas se encuentra: disolución de los partidos políticos existentes para confiar a una asamblea constituyente la definición de la nueva forma política del estado; la creación de los Tribunales de Sanción para juzgar los delitos de los miembros del Gobierno machadista; el otorgamiento a la mujer del derecho a votar y ser elegida; jornada laboral máxima de ocho horas; creación de la Secretaría del Trabajo; nacionalización del trabajo, que establecía la obligación de tener en la empleomanía un mínimo de 50% de trabajadores nativos; rebaja de las tarifas de electricidad y gas, servicios monopolizados por empresas estadounidenses; suspensión temporal del pago de la deuda al Chase National Bank y la intervención a la Compañía Cubana de Electricidad de propiedad estadounidense.
El equipo presidido por Grau también tuvo que enfrentar la hostilidad abierta de los Estados Unidos. La administración que estrenaba la buena vecindad no reconoció al Gobierno cubano y lo aisló diplomáticamente, rodeó a Cuba de 29 buques de guerra y ejerció múltiples presiones para barrer al Gobierno de Grau. La embajada de Estados Unidos, en las condiciones anormales de mantener su personal sin tener las relaciones oficiales con las autoridades cubanas, se convirtió en el centro de la conspiración que culminó con el Golpe de Estado del 15 de enero de 1934.
Así sucumbió aquel Gobierno, contradictorio internamente, pero que había abierto una brecha en el dominio de los sectores oligárquicos. La reacción retomaba el poder.
Producto del Golpe de Estado de enero de 1934 se instauró un llamado Gobierno «de concentración nacional» presidido por Carlos Mendieta. Por el papel que tuvieron en aquella gestión el nuevo embajador de los Estados Unidos, Jefferson Caffery, y el Jefe de Ejército, Fulgencio Batista, se le ha identificado como Gobierno Caffery-Batista-Mendieta. Este Gobierno acometería de restaurar el control oligárquico en el contexto de un proceso revolucionario aún inconcluso. Se abría, entonces, una etapa de combate entre la defensiva revolucionaria, la cual trató de retomar la iniciativa aunque manteniendo su heterogeneidad ideológica.
Las fuerzas motrices del proceso revolucionario continuaron las luchas mediante múltiples vías: huelgas, manifestaciones callejeras, proyectos insurrecionales, y otras. Entre 1934 y 1935 fue ganando terreno la idea de que la unidad constituía un elemento indispensable para alcanzar la meta revolucionaria. En manifiestos y programas se expresó el propósito de constituir un frente unido antimperialista, síntoma de la maduración de estas fuerzas. En diciembre de 1934, Antonio Guiteras, ya al frente de la organización Joven Cuba, evaluaba que:
Aunque no se había concretado la unidad, existía avances en ese camino al llegar a 1935. En este nuevo contexto, cobró especial importancia el acercamiento que se fue operando entre el Partido Comunista y Antonio Guiteras. El ex ministro de Grau había definido claramente su visión ideológica en el programa de Joven Cuba, el cual formulaba las tareas propias de la primera etapa de la Revolución, es decir, la solución de los principales problemas de la sociedad cubana, con lo que se alcanzaría la liberación nacional. Por otra parte, el Partido Comunista había iniciado un viraje en sus posiciones ante las fuerzas que debían participar en la revolución y a favor del frente popular antimperialista. Esto permitió estrechar relaciones alrededor del proyecto insurrecional concebido por Guiteras.
Simultáneamente, se venía desarrollando un movimiento huelguístico que involucró a amplios sectores obreros y a los estudiantes y sectores profesionales, lo que fue estructurando un amplio frente de lucha. Los acontecimientos apuntaban a una posible huelga general. Guiteras la consideró un error, pues no estaban preparadas las condiciones para hacerla culminar en una insurreción triunfante, y por eso fracasaría. El Partido Comunista también consideraba necesario que la huelga culminara en una insurrección armada, lo cual no era posible porque no se habían realizado los preparativos pertinentes. A pesar de estos criterios, se impuso el movimiento hacia la huelga. En marzo estalló la huelga general. Fue el último gran acto de masas del proceso revolucionario de los años treinta.
La represión de las fuerzas armadas, reorganizadas por Batista, y la movilización de las cooperaciones económicas y de los políticos tradicionales, permitieron al Gobierno ahogar la huelga que, ya imparable, había tenido apoyo del Partido Comunista y de Guiteras. Fue una sangrienta derrota.
Luego del fracaso de la huelga, se aceleraron los preparativos insurrecionales. Guiteras debía partir hacia México con el revolucionario de origen venezolano, Carlos Aponte y un pequeño grupo de los compañeros más recibidos. De ahí regresarían en una expedición para iniciar la insurrección en Oriente. El 8 de mayo de 1935, cuando se disponían a salir fueron emboscados. En la acción murieron Guiteras y Aponte. Se había cerrado el ciclo revolucionario.
El proceso revolucionario de los años treinta no aportó la solución revolucionaria a la crisis cubana, como el proyecto machadista no había logrado ser la solución oligárquica. La crisis seguía en pie, por lo quedaba planteada la necesidad histórica de encontrar otras vías para responder a esta situación.
Crisis, dictadura y Revolución (1935-1959)
A partir de 1934, luego del golpe de Estado de enero y la caída del Gobierno de los Cien Días, comenzarían a presentarse y aplicarse diversos Gobiernos y planes para encontrar una situación de crisis y conflictos internos. Desde su condición de jefe del Ejército, Fulgencio Batista tendría gran influencia dentro de cada uno de los Gobiernos que se sucederían.
El primero, presido por Carlos Mendieta Montefur, llegó al poder en 1934 y tuvo que acometer la tarea de estabilizar al país, o lo que era lo mismo, restaurar el poder oligárquico. En esto hubo una participación decisiva de los Estados Unidos, cuando la administración Rooselvelt desarrollaba la política reformista del nuevo trato (New Deal) y la «buena voluntad». Como parte de la aplicación de los nuevos mecanismos, los Estados Unidos firmaron con Cuba un nuevo Tratado de Reciprocidad Comercial, en 1934, al tiempo que sustituían la protección arancelaria por el sistema de cuotas azucareras mediante la Ley Costigan Jones.
La cuota azucarera, aprobada en mayo de 1934, fue bien recibida por la burguesía cubana. La cuota básica asignada a Cuba era inferior a su participación histórica en aquel mercado, pero representaba un aumento en relación con las ventas del año precedente ―era el 29,40% del consumo de ese país― y detenía el rápido desplazamiento que venía sufriendo el producto cubano luego de la Tarifa Hawley Smoot. La industria cubana quedaba condenada al estancamiento y a producir por debajo de su potencial, poco después se firmaba el tratado comercial que ampliaba las ventajas a los productos de los Estados Unidos.
Los Estados Unidos se avinieron a firmar un nuevo Tratado Permanente en 1934, el cual eliminaba algunos artículos de la Enmienda Platt, especialmente el cual otorgaba el derecho de intervenir, aunque dejaba otros en pie, como el de las bases navales. De todas formas, era un logro de las fuerzas nacionales.
Las masas populares habían alcanzado un protagonismo incuestionable, y el aparto estatal había sufrido serios quebrantos, por lo que era necesario atender este problema. Se utilizó entonces el militarismo como instrumento de garantizar la estabilidad interna. Este fenómeno apareció en varios países del área y permitió utilizar a las fuerzas armadas en funciones de aseguramiento político. En Cuba, Batista, como Jefe del Ejército, había creado las condiciones necesarias, el cuerpo militar fue reorganizado y empezó a asumir funciones que le daban el verdadero poder político. De hecho, existían dos poderes paralelos: el del Jefe del Ejército y del Presidente de la República. Batista construía un liderazgo dentro del cuerpo armado, que se imponía a los funcionarios civiles y, además, encabezaba la represión con el fin de aplastar la rebeldía popular.
Conjuntamente con la política represiva y el fortalecimiento del fuero militar, se buscaba una estabilización política que legalizara al Gobierno y permitiera transitar hacia el funcionamiento de los mecanismos democráticos burgueses. Lo primero fue armar un Gobierno de «concentración nacional», donde estaban representados todos los que había participado en la mediación y en la oposición a Grau. Aunque tuvo serias crisis internas, por la oposición civilismo-militarismo y las pugnas por controlar todo el poder, se mantuvo el intento unitario. Con la quiebra del aparato estatal después de la caída de Machado, la legalidad solo estaba amparada por los estatutos del Gobierno provisional del 14 de septiembre de 1933. El nuevo gabinete promulgó entonces la Ley Constitucional de la República, el 3 de febrero de 1934, la cual regulaba el funcionamiento del Estado en las nuevas condiciones. La ley daba funciones ejecutivas y legislativas al gabinete, y mantenía, significativamente, el derecho a la mujer al voto. Luego de la huelga de marzo de 1935 se promulgó una segunda Ley Constitucional. En esta ley se implantaban nuevos mecanismos represivos para aplastar la beligerancia popular.
El nuevo Gobierno recibió el reconocimiento inmediato de los Estados Unidos y el respaldo de las cooperaciones económicas y figuras políticas; sin embargo los partidos políticos tradicionales habían perdido su hegemonía. El bipartidismo había terminado y comenzaba una reconstrucción diferente, en la cual predominó la multiplicidad de partidos y las coaliciones o alianzas electorales con continuas divisiones, fusiones y disoluciones, que mostraban su propia debilidad. El Partido Auténtico surgió en 1934, a partir de un comité gestor, compuesto fundamentalmente por antiguos miembros del DEU. Pronto llamaron a sus filas a Grau, quien se convirtió en el «gran Mesías». Con su programa de corte nacional reformista, se convirtió en una nueva opción para el electorado y alcanzó notable fuerza. La entrada de Eduardo Chibás lo reformó aún más, aunque también recurrieron a las alianzas electorales.
Las elecciones generales de 1936 marcaron el regreso a la normalidad política, aunque de los nuevos partidos se abstuvieron de concurrir. Miguel Mariano Gómez ganó con la Coalición Tipartita; pero pronto entró en contradicción con Batista. La embajada estadounidense manifestó su preocupación por la posible ilegalidad del proceso, pero se salvó de la manera legal: el Senado depuso al presidente, y el vicepresidente Federico Laredo Bru ocupó su lugar.
Bajo la presidencia de Laredo Bru se dieron los pasos que faltaban para completar el proceso. Aunque el auge del fascismo en Europa, crearon nuevas condicionantes. De acuerdo con la políticas del Gobierno roosveltiano, el Gobierno cubano inició una apertura democrática que incluyó la legalización de todos los partidos en 1938. Así, el partido marxista-leninista tuvo existencia legal con el nombre de Unión Revolucionaria Comunista ―en 1944, Partido Socialista Popular (PSP)―. El movimiento obrero se reorganizó y en 1939 nació la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), dirigida por el comunista Lázaro Peña, en ese mismo año se celebró el 3er Congreso Nacional de Mujeres. Eran fuerzas organizadas para presentar sus demandas inmediatas. Pero el proceso de institucionalización debía completarse.
En 1940 se elaboró una nueva constitución, que introdujo el cargo de primer ministro y recogió el resultado del proceso anterior y de las nuevas circunstancias. Fue una «transacción entre las distintas clases sociales y fuerzas políticas» que pudieron imponer sus proyectos en la etapa precedente. Se establecían las bases mínimas de una modernización estatal donde estaban presentes las reinvenciones de los trabajadores y las demandas burguesas.
A continuación se celebraron los últimos comicios por el viejo sistema electoral. Batista llegaba a la presidencia bajos las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, la cual incorporó al continente bajo la egida de los Estados Unidos y fomentó mecanismos de control de la economía. Por la guerra se firmaron dos acuerdos comerciales suplementarios (en 1939 y en 1941) y se suspendió el sistema de cuotas en Estados Unidos. Cuba vendería las zafras globales de 1942 a 1947 al país norteño como contribución de guerra. El conflicto permitió el crecimiento de algunas producciones, pero sin alterar el modos intereses. También esta coyuntura llevó a una coalición en la que estaban Batista y el partido Unión Revolucionaria Comunista. Aunque para la dirección del partido era impulsar la lucha antifascista y la política de guerra de la jornada de los aliados, esto afectó su imagen ante quienes no comprendieron tal decisión o no compartiera los cambios de táctica en aquel momento.
Batista terminaba su mandato en la fase final de la Guerra. No había realizado la legislación complementaria de la constitución ni había resuelto la crisis, pero si había devuelto el ritmo institucional a la República tras una década de dominio.
Gobiernos auténticos
La alianza auténtico-republicana ganó las primeras elecciones con voto directo. Alcanzó un 1 401 822 votos. La opción auténtica asumía el poder en medio del júbilo y esperanza. El período grausista se inició todavía bajo el signo de la guerra y de las ventas globales de la zafra. A partir de 1945, el Gobierno empezó a negociar con los Estados Unidos algunas modificaciones respecto a los precios fijos, lo cual redundó en una elevación de los mismos para los años siguientes, y permitió un mayor volumen de ventas. La representación obrera en esas negociaciones constituyó una novedad y dio mayor fuerza a la posición cubana.
Al término de la contienda bélica en 1945, se impuso la política de guerra fría, que en Cuba se tradujo en una ofensiva contra el movimiento comunista y obrero. El V Congreso de la CTC, celebrado en 1947, marcó la intervención oficial que desplazó, por decreto, a la dirección comunista, e impuso a un oficialista, generadora del fenómeno llamado «mujalismo», por el dominio de Eusebio Mujal. La CTC surgida entonces era conocida como CTK.[29] A esto siguió el asesinato de líderes obreros de gran arraigo como Aracelio Iglesias y Jesús Menéndez, y otras maneras de represión. Se creó el Grupo Represivo de Actividades Subversivas (GRAS) y se aplicó la censura, con el llamado Decreto Mordaza. Los Gobiernos de Grau y de su sucesor, Carlos Prío, se alinearon en este reajuste también en los organismos internacionales. Cuba fue firmante del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, apoyó la posición estadounidense respecto a China y durante el conflicto en Corea.
En el Gobierno de Prío, los auténticos acometieron la legislación complementaria de la Constitución. Se creó entonces el Banco Nacional de Cuba y el Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba (BANFAIC); se emitió la Ley sobre contrato y arrendamiento de fincas rústicas y aparecería, la Ley Orgánica de los presupuestos, la de creación del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, la del Tribunal de Cuentas y la ley de los municipios y provincias. Se materializaba, en alguna medida, el espíritu modernizador de la Constitución, pero su efectividad fue muy relativa. Hubo un aliento muy moderado, y los nuevos mecanismos no lesionaban los intereses oligárquico-imperialistas, como tampoco se alteró la corrupción política-administrativa.
En medio de una actuación muy contradictoria, la gestión auténtica incidió en la crisis de las instituciones del Estado burgués. La corrupción político-administrativa, la proliferación de bandas pandilleras, el nepotismo y la represión aceleraron el deterioro de ese partido. Prío intentó un rescate con la proclamación de la política de «nuevos rumbos» en 1950, fue inútil.[30]
El Partido Auténtico se había convertido en uno más de entre los partidos políticos burgueses. Su propósito de actuar dentro del sistema llevó a que el sistema lo ahogara. Los desprendimientos sufridos por el partido fueron síntomas claros de ese deterioro. Aunque hubo varios, el de mayor significación fue la separación de Eduardo Chibás, en 1947, para crear el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxos).
Eduardo Chibás se convirtió en un severo crítico de la corrupción político-administrativa auténtica y, con su programa de reformas, sus campañas contra los «pulpos estadounidenses» de la electricidad, los teléfonos y otros y su lema de «Vergüenza contra dinero», generó un movimiento cívico de amplio respaldo popular. La ortodoxia aunque con contradicciones internas, alcanzó una alta capacidad de movilización, que la perfiló como la mayor fuerza política del país. A pesar del suicido de Chibás, en agosto de 1951, se avizoraba como el gran vencedor en las elecciones de 1952 para la cual se presentaban las candidaturas ortodoxa, de la Séxtuple Alianza ―organizada desde el Gobierno― y el Partido Acción Unitaria (PAU), creado por Batista en 1949. Pero las elecciones no se celebraron, porque el 10 de marzo de 1952 Fulgencio Batista encabezó un golpe de Estado Militar.
Dictadura y lucha rebelde (1952-1959)
El golpe de estado agudizó la crisis política, pero no hubo una resistencia organizada inmediata. Ni la presentaron los partidos políticos burgueses ―ni aún los que fueron desplazados del poder― ni el movimiento obrero bajo la dirección mujalista. El Partido Socialista Popular emitió declaraciones contra el golpe, pero su aislamiento político le impedía encabezar la movilización popular. Los estudiantes realizaron actos de protesta en distintas ciudades y la FEU pretendió ofrecer una resistencia armada, infructuosamente, pues las armas prometidas por Prío no llegaron nunca. El presidente depuesto abandonó el cargo y el país, sin intentar la defensa de la Constitución.
Sin embargo, hubo intentos de la oposición que fueron destacando a algunas fuerzas y figuras. La FEU organizó mítines, manifestaciones y hasta el entierro de la Constitución en rechazo a los Estatutos Constitucionales promulgados por Batista. El PSP denunciaba el carácter antinacional y proimperialista del golpe y su función de impulsar la aplicación del Plan Truslow, y planteaba un programa de lucha por la Constitución, los derechos democráticos, la reforma agraria, la unidad obrera y la formación del Frente Democrático Popular. Dentro de las filas auténticas y ortodoxas se perfilaron grupos insurrecionalistas frente al quietismo y el electoralismo de otros.
Simultáneamente, surgieron nuevas organizaciones que intentaban el enfrentamiento al régimen, como Acción Revolucionaria Oriental, encabezada por Frank País, o el Movimiento Nacional Revolucionario, de Rafael García Bárcena, que preparó una conspiración en la capital para atacar la primera fortaleza de la dictadura, el cuartel Columbia, pero esta fue abortada en 1953. En La Habana, el joven abogado Fidel Castro establecía una denuncia contra Batista ante el Tribunal de Urgencia y publicaba el manifiesto «Revolución no, Zarpazo», en donde expresó:
Otro joven, Abel Santamaría, miembro de la Juventud Ortodoxa, en un carta pública con fecha 17 de marzo de 1952 dirigida al periodista José Pardo Llada, uno de los líderes del Partido Ortodoxo, expresaba:
Fidel Castro se fue convirtiendo en el centro de un grupo de jóvenes, muchos también salidos de la ortodoxia, identificados como Juventud del Centenario de Martí, quienes estructuraron un movimiento armando que utilizaría la vía armada. Se concibió, entonces, el ataque al segundo cuartel militar de Cuba: el Guillermo Moncada, de Santiago de Cuba, con otras operaciones de apoyo en Santiago y en el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo. Esta acción debía convocar a la movilización popular y permitir armar al pueblo para la insurrección que culminara en una huelga general revolucionaria. El ataque se produjo el 26 de julio de 1953. El Manifiesto del Moncada establecería los objetivos de la lucha y la orientación ideológica martiana.
El cuartel no pudo tomarse. En los combates del día 26 los asaltantes tuvieron alrededor de ocho bajas, de ellos tres muertos, pero al producirse las detenciones fueron asesinados ochenta combatientes, incluyendo a Abel Santamaría, segundo jefe del Movimiento, nombre por el cual designaban a la organización. Durante el proceso judicial seguido a los «moncadistas», Fidel Castro asumió su propia defensa y, en su alegato, definió los objetivos que perseguían, así como el programa inmediato, que resumió asi:
El asalto al Moncada significó un salto cuántico en la situación del país. Surgía una nueva fuerza, con una dirección nueva, portadora de una estrategia y un proyecto revolucionario en condiciones de atraer a las fuerzas nacionales en pos de su propia solución. Se abría una nueva etapa de lucha revolucionaria.
En un proceso iniciado desde la prisión, entre mayo y junio de 1955, surgió el Movimiento Revolucionario 26 de Julio (M-26-7), a partir de los moncadistas, al que confluyeron figuras procedentes de otras organizaciones. La salida de los moncadistas de la prisión había sido un logro del pueblo, movilizado en torno a la amnistía. El logro del pueblo, movilizado en torno a la amnistía. El régimen había decretado una amnistía parcial para crear un ambiente favorable en el propósito de legitimarse por medio de las elecciones generales de 1954, sin embargo los moncadistas no estaban incluidos, de ahí que la movilización popular tuviera un papel de primer orden para lograr la liberación ―que al fin se obtuvo en 1955―, además de servir para divulgar el programa de lucha de la nueva fuerza revolucionaria. La represión que siguió obligó al exilio, donde se prepararía el inicio de la guerra revolucionaria.
El movimiento estudiantil también entró en combate, fundamentalmente después de la elección de José Antonio Echevarría como presidente de la FEU en 1953. En diciembre de 1955, se planteó la creación de una organización de carácter clandestino, que sería su brazo armado: el Directorio Revolucionario. Los actos públicos y manifestaciones de protesta estudiantil contra la dictadura aumentaron a partir de entonces.
Las nuevas organizaciones revolucionarias, por su parte, darían un paso muy importante en el camino de la unidad en la lucha: el 31 de agosto de 1956, Fidel Castro por el M-26-7, y José Antonio Echevarría, por la FEU, firmaron lo que se conoce como la Carta de México. En este documento se recogía el propósito unitario, la opción insurrecional secundada por una huelga general, el llamado a todos los sectores sociales y la solución revolucionaria, aunque cada organización desarrollaría sus planes de acuerdo con sus concepciones estratégicas.
El 2 de diciembre de 1956 se produjo el desembarco de ochenta y dos expedicionarios, procedentes de México, en el yate Granma al mando de Fidel Castro. Tras el desembarco, se inicia la guerra revolucionaria en la Sierra Maestra, en la provincia de Oriente, la cual duraría dos años. El Ejército Rebelde, surgido entonces, sería el eje central de la lucha y crisol de la unidad popular desde la base.
El combate creció en la Sierra y en las ciudades. El Directorio Revolucionario, de acuerdo con sus planes, asaltó el Palacio Presidencial, en La Habana, el 13 de marzo de 1957. No logró ajusticiar al tirano, pero conmovió a la opinión pública. Entre los combatientes que murieron aquel día estaba José Antonio Echevarría. En las ciudades se desarrollaron acciones combativas y el Ejército Rebelde ampliaba sus columnas y sus zonas de operaciones. En 1957 surgieron grupos guerrilleros en la provincia de Las Villas, fortalecidos con el desembarco de Faure Chomón, dirigente del Directorio Revolucionario, el 8 de febrero de 1958. Al mismo tiempo, la guerra llegaba a toda la provincia de Oriente.
La posición del Gobierno se fue debilitando, al punto que en marzo de 1958, los Estados Unidos cesaron oficialmente los suministros militares a Batista, aunque se mantuvieron mediante terceros países. Los intentos mediadores no lograban éxito y se cerraban sus caminos. Las gestiones del Bloque Cubano de Prensa, la Comisión Interparlamentaria, las corporaciones económicas, la alta jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba y las instituciones cívicas entre 1957 y 1958, más la convocatoria a elecciones generales en 1958 no pudieron detener el desarrollo de la situación revolucionaria. Empezaron, entonces, a discutirse alternativas de solución, que se movieron básicamente entre la promoción de una junta cívico-militar y la búsqueda de una tercera fuerza para evitar la toma del poder del M-26-7. Las instancias de toma de decisiones dentro del Gobierno de Estados Unidos, incluyendo al propio presidente Dwight Eisenhower, se movían en esa dirección, según avanzaba el año 1958.
A pesar del fracaso de la huelga del 9 de abril de 1958, convocada por el M-26-7, y de la ofensiva militar subsiguiente lanzada por el Gobierno ―prevista por Fidel Castro según se demuestra en la reunión de la Dirección Nacional en Altos de Mompié el 3 de mayo―, Batista no pudo sostener su posición. El Ejército Rebelde, luego de resistir la acción enemiga, inició una contraofensiva transformada en ofensiva general a partir de noviembre del propio año. Las columnas rebeldes ponían un cerco elástico a Santiago de Cuba, focos guerrilleros operaban en las distintas provincias, y las columnas invasoras, al mando de Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, operaban ya en Las Villas. Guevara, junto a las fuerzas del Directorio Revolucionario ―con las que había firmado el Pacto del Predero― y del PSP que combatían en la zona, libraba la batalla de Santa Clara en los últimos días de 1958.
En las maniobras finales para impedir el triunfo revolucionario, se intentaron gestiones mediadoras de último momento, se celebraron las elecciones de noviembre de 1958 para ganar tiempo y se utilizó al general Eulogio Cantillo para buscar un acuerdo con Fidel Castro que detuviera la ofensiva rebelde. El 31 de diciembre de 1958, a las 4 pm, se celebraba una conferencia en Washington con representantes de los departamentos de Estado y Defensa, del Estado Mayor Conjunto, de la CIA y del presidente, cuyo tema era Cuba. Allí se habló de posibles acciones por medio de la OEA y de la necesidad de una tercera fuerza para derrotar políticamente a Castro. En medio de la discusión, llegó la información de su embajador en Cuba sobre la próxima salida de Batista, quien dejaría el Gobierno en una Junta.
Al amanecer del primero de enero de 1959, la ciudad de Santa Clara era tomada por los rebeldes. Esa misma madrugada, Batista había huido para dar paso a una Junta Cívico-Militar. Fidel Castro ordenó a Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara marchar hacia la capital con sus tropas; se dirigió él con sus combatientes a Santiago de Cuba y llamó al pueblo a prepararse para una huelga general, que comenzó el 2 de enero de 1959.
Destruidas las maniobras golpistas promovidas por los Estados Unidos, las cuales pretendieron impedir el triunfo de la Revolución, se produjo la entrada triunfal del Ejército Rebelde en pueblos y ciudades, apoyada por las milicias del Movimiento 26 de Julio y demás fuerzas revolucionarias que habían combatido a la tiranía. En su mensaje al pueblo, el primero de enero de 1959, Fidel Castro señalaba:
Período Revolucionario
Primeros años
Apenas instalado en el poder, el Gobierno revolucionario inició el desmantelamiento del sistema político neocolonial. Se disolvieron los cuerpos represivos y se garantizó a los ciudadanos, por primera vez en largos años, el ejercicio pleno de sus derechos. La administración pública fue saneada y se confiscaron los bienes malversados. Los criminales de guerra batistianos fueron juzgados y sancionados, se barrió a la corrompida y probatistiana dirección del movimiento obrero y se disolvieron los partidos políticos que habían servido a la tiranía. La designación de Fidel Castro como Primer Ministro en el mes de febrero, imprimiría un ritmo acelerado a las medidas de beneficio popular.
El 3 de marzo de 1959, se intervenía la Compañía Cubana de Teléfonos. El 6 del propio mes se dictaba una ley, mediante la cual se rebajaba en un 50% los alquileres, lo cual encontró un estricto respaldo popular. El 21 de abril se declaraba el uso público de las playas. El 20 de agosto se rebajaban las tarifas eléctricas, medida de alto beneficio popular. A la vez, se crearon miles de empleos para elevar el poder adquisitivo de la población. En el sector educacional, se crearon miles de plazas y de aulas. Un gran plan de obras públicas sirvió para emplear a miles de desocupados existentes.
Sin embargo, la medida más radical de esta etapa fue la primera Ley de Reforma Agraria, dictada el 17 de mayo de 1959. A diferencia de las anteriores, esta ley si alteraba la estructura de la propiedad y de las clases existentes en el país. La ley fijó el máximo de tierra a poseer en treinta caballerías (cuatrocientos dos hectáreas) a toda persona natural o jurídica. Este límite podía extenderse hasta cien caballerías, en aquellos casos en los cuales el rendimiento agrícola de algunos productos seleccionados estuviese por encima del promedio nacional. Por otro lado, la Ley otorgó el derecho de propiedad sobre la tierra a quien la trabajase. De este modo, se proscribía el arrendamiento, la aparcería y la precariedad sobre la tierra, lo cual permitió convertir en dueños legítimos de sus tierras a más de cien mil familias campesinas. La Ley permitió transferir a propiedad del Estado el 40% de las tierras cultivables, las cuales fueron convertidas en granjas estatales.
Desde sus inicios, la Revolución tuvo a la cultura como uno de sus principales objetivos, es por ello que en el mismo año 1959 son fundadas tres instituciones que marcan la nueva política cultural revolucionaria, en este caso el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), fundado el 24 de marzo; la Imprenta Nacional, fundada el 31 de marzo;[35] y la Casa de las Américas, el 28 de abril.
El Gobierno de Estados Unidos no había ocultado su disgusto por el Triunfo de la Revolución Cubana y, tras promover una malintencionada campaña de prensa, adoptó una política de hostigamiento sistemático contra Cuba, alentando y apoyando a movimientos contrarrevolucionarios con el propósito de desestabilizar el país. Los obstáculos interpuestos por el presidente Manuel Urrutia a las transformaciones revolucionarias provocaron en julio la renuncia de Fidel Castro al premierato, cargo al que retornaría días después en medio de multitudinarias manifestaciones de apoyo que determinaron la renuncia del presidente y su sustitución por Osvaldo Dorticós. En octubre aborta una sedición militar en Camagüey orquestada por el jefe de esa plaza, el comandante Hubert Matos, en abierto contubernio con latifundistas y otros elementos contrarrevolucionarios de la localidad. Entretanto, los crecientes actos de sabotaje y el terrorismo comenzaron a cobrar víctimas inocentes. Para enfrentar la oleada contrarrevolucionaria, se crean las Milicias Nacionales Revolucionarias y los Comités de Defensa de la Revolución, organizaciones que, junto a la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación de Jóvenes Rebeldes y otras constituidas con posterioridad, posibilitaron una participación más amplia del pueblo en la defensa.
La permanente hostilidad estadounidense se materializa en sucesivas medidas encaminadas a desestabilizar la economía cubana y aislar el país del resto de la comunidad internacional. A ello la Revolución responde con una dinámica política exterior que amplía las relaciones y establece convenios con otros países ―incluidos los socialistas― en una prueba de su firme decisión de romper la tradicional dependencia comercial. En julio de 1960, tras conocer la supresión de la cuota azucarera cubana por el Gobierno de Washington, Fidel Castro anuncia la nacionalización de todas las propiedades estadounidenses en la Isla. A esta medida seguiría, pocos meses después, la decisión de nacionalizar las empresas de la burguesía cubana que, definitivamente alineada junto a Estados Unidos y los sectores oligárquicos, se había entregado a sistemáticas maniobras de descapitalización y sabotaje económico. Pero las agresiones estadounidenses no se limitaron al terreno de la economía. Mientras fomentaba la creación de organizaciones y bandas contrarrevolucionarias de alzados en distintas regiones del país, a las que suministraba armamento y otros abastecimientos, la administración Dwigth Eisenhower ―que rompe relaciones con Cuba en enero de 1961― había iniciado la preparación de una brigada mercenaria con el propósito de invadir la Isla.
La invasión se iniciaría el 17 de abril por la zona de Playa Girón, tras un bombardeo sorpresivo a las bases aéreas cubanas. En el sepelio de las víctimas de este ataque, Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la Revolución, algo que se percibía ya a partir de las medidas tomadas en los meses finales de 1960.
Bastaron menos de 72 horas para que el pueblo aplastase a la brigada mercenaria que la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) había tardado meses en adiestrar. Pese a esta histórica derrota, Estados Unidos no cejó en su propósito de aplastar a la Revolución Cubana.
Mediante el Plan Mangosta se dispuso una sucesión de operaciones de agresión que no descartaban la intervención militar directa. Ello conduciría a una grave crisis internacional en el mes de octubre de 1962, al conocerse la instalación de cohetes soviéticos en la Isla. Los compromisos mediante los cuales se dio solución a la crisis, no pusieron fin a las prácticas de agresión del imperialismo. Asimismo, la acción decidida de nuestro pueblo, organizado en las Milicias Nacionales Revolucionarias y también en las Fuerzas Armadas, enfrentó a las bandas armadas contrarrevolucionarias.
El bandidaje se liquidó definitivamente en 1965, cuando la última banda organizada que actuó en el país, la de Juan Alberto Martínez Andrade, fue capturada el 4 de julio. Otros bandidos dispersos que trataban de huir de la justicia revolucionaria fueron capturados durante los meses siguientes. Así llegó a su fin la guerra sucia impuesta al pueblo cubano por el imperialismo y las clases reaccionarias, enfrentamiento armado que se extendió durante casi seis años y afectó a todas las provincias del país. En esta guerra sucia impuesta por Estados Unidos, entre 1959 y 1965, actuaron en todo el territorio nacional 299 bandas con un total de 3 995 efectivos. Entre los combatientes de las tropas regulares y milicianas que participaron en las operaciones, más las víctimas de los crímenes de los bandidos, perdieron la vida 549 personas y muchas otras personas quedaron incapacitadas. El país tuvo que gastar alrededor de mil millones de pesos en esos difíciles años para la economía nacional.
La combinación de las acciones militares con las de carácter político e ideológico desempeñaron un papel decisivo en la victoria sobre los bandidos. La derrota del bandidismo en Cuba demostró la imposibilidad de obtener la victoria en una guerra de guerrillas contra un pueblo armado cuando este protagoniza una Revolución.
En el ámbito internacional, Estados Unidos conseguía separar a Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la mayor parte de las naciones latinoamericanas, salvo la honrosa excepción de México, rompieran relaciones con Cuba. No obstante, la Revolución Cubana fortalecía sus vínculos con el campo socialista y los países del Tercer Mundo, participa en la constitución del Movimiento de Países No Alineados y desarrolla una activa política de solidaridad hacia los movimientos de liberación nacional y de apoyo a los mismos. La nación que resistiera decididamente todo tipo de agresiones armadas debía sobrevivir también al férreo cerco económico. Estados Unidos había suprimido todo comercio con la Isla y se esforzaba por sumar a otros estados a tan criminal bloqueo. Cuba se veía así privada de suministros vitales para su agricultura y su industria. Pero la activa solidaridad de la Unión Soviética y otros países socialistas, unida al tenaz esfuerzo laboral y la inventiva del pueblo, posibilitaron que la economía nacional no sólo se mantuviera funcionando, sino que también creciese.
Transición al socialismo
En medio de notables dificultades económicas, se logró eliminar el desempleo y garantizar a la población la satisfacción de sus necesidades fundamentales. Una vasta campaña de alfabetización en 1961, suprimía la vieja lacra del analfabetismo. Pese al éxodo de profesionales y técnicos alentado desde Estados Unidos, particularmente sensible en el área de la salud, la creación de un servicio médico rural permitía llevar la asistencia médica a los más apartados rincones del país. El sistema educacional alcanza también por primera vez una completa cobertura nacional y un extenso programa de becas pone la educación media y superior al alcance de toda la población.
La calidad de vida se vio enriquecida gracias a una amplia labor de difusión cultural, que se materializó en ediciones regulares ―y generalmente masivas― de obras literarias, la creación y sustento de múltiples conjuntos artísticos, la promoción del movimiento de aficionados, y una amplia producción y exhibición cinematográfica. En el mismo sentido influye la generalización de la práctica de deportes, la cual sustentaría una creciente y destacada participación de deportistas cubanos en lides deportivas internacionales.
Tan considerable esfuerzo popular no hubiera podido materializarse sin una apropiada conducción política. Desde el primer año de la Revolución, en las bases y direcciones de las organizaciones revolucionarias comienza una integración que no estaría exenta de dificultades. En marzo de 1962, poco después de que Fidel Castro denunciara la existencia de deformaciones sectarias en el proceso de creación de las organizaciones revolucionarias, se comienza la construcción de lo que sería el Partido Unido de la Revolución Socialista. Este adopta como fundamento la selección de su militancia sobre la base de la ejemplaridad de trabajadores elegidos en el seno de sus colectivos laborales. Un hito decisivo en la materialización de la unidad será la constitución del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en 1965, como máxima instancia de dirección de la Revolución.
En 1963 se había adoptado una estrategia de desarrollo económico que, tomando en consideración las características de la economía cubana y las perspectivas comerciales con la URSS y otros países socialistas, tenía como pivote la agricultura, en la que se planteaba producir 10 millones de toneladas de azúcar para 1970. Este era sin duda un formidable reto, si se tiene en cuenta las condiciones organizativas, técnicas y materiales del país. Al enfrentar este reto se produjeron distorsiones. El fracaso de la Zafra de los 10 millones daría paso a una revisión de esa política.
Inmersa en el desarrollo y perfeccionamiento de esta obra se encontraba la Revolución cuando se produce el derrumbe del campo socialista y la desintegración de la Unión Soviética. Estos hechos se reflejaron dramáticamente en la sociedad cubana, puesto que la economía del país estaba integrada a esa comunidad. Tal integración estaba condicionada aun más por el bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde los primeros años de la Revolución, y que por añadidura siempre limitó extraordinariamente la posibilidad de relaciones con el mundo capitalista.
En 1989, Cuba concentraba el 85% de sus relaciones comerciales con la URSS y el resto del campo socialista. En este intercambio se establecieron precios justos que evadían el intercambio desigual, característico de las relaciones con países capitalistas desarrollados. Al propio tiempo, se aseguraba el suministro de tecnologías y la obtención de créditos en términos satisfactorios de plazos e intereses. Al producirse el derrumbe del socialismo en Europa y la desintegración de la URSS, en un período muy corto, Cuba disminuyó su capacidad de compra de 8 139 millones de pesos en 1989, a 2 000 millones en 1993.
Período Especial
Desde julio de 1989, Fidel Castro alertó acerca de la posibilidad de la desaparición del campo socialista e incluso acerca de la desintegración de la URSS, y ya en octubre de 1990, elaboró las directivas para enfrentar el Período especial en tiempo de paz.
En 1991, se efectúa el IV Congreso del PCC en el que se analiza la situación a la que se exponía el país. En este congreso se tomaron importantes acuerdos relativos a las modificaciones a la Constitución, los estatutos del Partido y se sentaron las bases de la estrategia para «resistir y comenzar la recuperación». En la estrategia trazada se pusieron en práctica una serie de medidas encaminadas a lograr la elevación de la eficiencia económica y la competitividad, el saneamiento financiero interno, soluciones al endeudamiento interno; la reinserción en la economía internacional, incentivar la inversión de capital extranjero, el fortalecimiento de la empresa estatal cubana, condición esta necesaria y sin la cual no puede haber socialismo.
Medidas adoptadas:[36]
- Las primeras medidas adoptadas para enfrentar dicha situación fueron, en primer lugar, abrir la economía a las inversiones con capital extranjero, fundamentalmente por medio de la creación de empresas mixtas con control mayoritario de la parte cubana.
- En julio de 1992, la Asamblea Nacional aprobó una serie de cambios a la Constitución a fin de poder avanzar en el proceso de transformaciones. Entre otras cuestiones se reconoció la posibilidad de desincorporar bienes del Estado a favor de empresas mixtas y se aprobó esa forma de propiedad. También se eliminó el monopolio del Estado en la realización de operaciones de comercio exterior, todo lo cual brindó un mayor basamento legal al desarrollo de las empresas mixtas.
- La autorización del envío de remesas desde el exterior y el aumento en los viajes para visitas familiares de cubanos residentes en el extranjero.
- Despenalización de la tenencia de divisas (Decreto Ley 140). Las divisas que posean los ciudadanos como resultado de remesas del exterior, propinas, vínculos con entidades extranjeras y otras causas pueden ser utilizadas libremente. Se habilitó una red de establecimientos destinados a la captación de estos ingresos mediante la venta de mercancías y servicios.
- Promulgación del Decreto Ley 142, «Sobre las Unidades Básicas de Producción Cooperativa». Transformación de un gran número de empresas estatales en cooperativas. Los trabajadores reciben en usufructo gratuito las tierras, pueden adquirir los medios de que disponía la empresa recibiendo créditos para ello, asumen la responsabilidad por la operación y los resultados y son dueños de la producción.
- Promulgación del Decreto Ley 141, «Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia». Concebido para liberar al sector estatal de una carga en la producción de bienes y servicios que no puede ejecutar eficientemente, y como alternativa de empleo, con lo cual se buscaba un estímulo a la producción en las condiciones adversas de recursos que enfrentaba el país, en las cuales la iniciativa del trabajador juega un papel acrecentado.
- Congelamiento de los salarios al inicio de la crisis, con el objetivo de impedir la bajada de estos y que se profundizara así el efecto de la crisis sobre los trabajadores.
- Se adopta un Acuerdo del Comité Ejecutivo sobre elevación de precios y tarifas de productos y servicios seleccionados. Los incrementos de precios y tarifas, en lo fundamental, estuvieron dirigidos a aquellos consumos no considerados como de primera necesidad, o como en el caso de la tarifa eléctrica, se fijaron con un criterio progresivo a fin de afectar lo menos posible a los núcleos familiares de menores ingresos. Los renglones que tuvieron incrementos de precio fueron cigarros y tabacos; rones y cerveza; combustible automotor; electricidad; transporte aéreo, ferroviario, marítimo y por ómnibus extraurbano; servicios de acueducto y alcantarillado; tarifas postales y telegráficas; y la alimentación en comedores obreros.
- Se adopta un Acuerdo sobre la eliminación de un conjunto de gratuidades, ello incluyó la entrada a eventos deportivos, cursos especializados de idioma, almuerzo escolar y otras de carácter no esencial, ya que se mantiene el principio del acceso universal y gratuito a los servicios de educación y de salud.
- La Asamblea Nacional aprobó una Ley del Sistema Tributario que estableció los principios generales y tributos sobre los cuales se sostendría el sistema impositivo. En la Ley del Sistema Tributario se establecieron 11 impuestos, 3 tasas y una contribución, de los cuales sólo una parte (ciertos impuestos sobre ingresos personales y documentos, tasas por servicio de aeropuerto y propaganda comercial) comenzaron a aplicarse en octubre de 1994; en tanto que el resto quedó pendiente de implementación en 1995 (impuestos sobre ingresos personales de trabajadores por cuenta propia y sobre ingresos en divisas; impuesto sobre las ganancias y la fuerza de trabajo; sobre herencias y la propiedad; e incrementos al transporte terrestre y tasas de peaje en vías seleccionadas asociadas al turismo).
- Aprueba el Decreto Ley 149 sobre la confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento indebido.
- En el ámbito fiscal, en el año 1994, se aplicaron un conjunto importante de medidas destinadas a reducir el subsidio a las empresas y los gastos presupuestados, e incrementar los ingresos tributarios. A estos fines se establecieron compromisos de reducción de las pérdidas con los organismos involucrados y se realizó un análisis sistemático de los ingresos y gastos del Presupuesto a nivel de provincias y municipios.
- Decreto Ley 191 «Sobre el Mercado Agropecuario». Su objetivo es incrementar las producciones agropecuarias con destino al consumo de la población. Funciona sobre la base de la autogestión económica y financiera. Se organiza localmente y al mismo concurren empresas estatales, cooperativas y productores privados; pueden comercializar productos agropecuarios naturales o elaborados, con las excepciones que se estipulen por las autoridades competentes.
- Decreto Ley «Sobre el Mercado de Artículos Industriales y Artesanales». Su objetivo es incrementar la producción de artículos industriales y artesanales empleando el potencial de las diferentes fuerzas productivas del país, brindando para ello a todos los productores la posibilidad de concurrir a un mercado más amplio, con precios liberados. Funciona sobre la base de la autogestión comercial y financiera, organizado localmente aprovechando las redes existentes de tiendas minoristas, la realización de ferias, así como la venta en lugares públicos y locales destinados al efecto.
- Decreto Ley 147 Sobre la «Reorganización de los Organismos de la Administración Central del Estado». De un total de 40 organismos (21 ministerios, 9 comités y 15 institutos) se reducen a 27 ministerios y 5 institutos. Que abarcó fundamentalmente a los de carácter económico, y que reflejó el propósito de adaptar la estructura estatal a las nuevas condiciones económicas. En conjunto se eliminaron 15 Ministerios e Instituciones con carácter de organismo central, y quedaron un total de 32.
- Entrega de tierras ociosas en usufructo a familias que las solicitan o a colectivos de trabajadores que a esos fines se organicen en cooperativas. En el primer caso de entregas individuales, que ha sido la modalidad más extendida, se trata en general de pequeñas extensiones.
- Desarrollo de sistemas de estímulo material al cumplimiento y sobrecumplimiento de la producción, los cuales han sido organizados con recursos a partir de áreas de autoconsumo de que disponen los organismos y empresas, y otras fuentes.
- Adopción de medidas para acelerar las exportaciones de productos de biotecnología e industria farmacéutica e incrementar la construcción y el aprovechamiento de las instalaciones para el turismo internacional.
- Implantación en 1994 de un nuevo signo monetario convertible de circulación paralela, el CUC.
- Se aprueba la Ley de Minas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, la que establece el basamento para regular tanto a los productores nacionales como a los extranjeros, de acuerdo con las más modernas doctrinas jurídicas en esta materia, lo que favorecerá el desarrollo de la minería cubana, preservando la soberanía sobre los recursos minerales, a la vez que se sientan nuevas bases organizativas a partir del reconocimiento de la figura jurídica de la concesión.
En medio de la coyuntura díficil tanto en lo económico como en lo político, el Gobierno de los Estados Unidos, presionado por los grupos opositores a la Revolución radicados en Miami, incrementó las acciones para difamar a la Revolución, desestabilizarla y arreciar aún más el bloqueo económico. Así, a mediados de 1992, el Gobierno estadounidense aprueba la Ley Torricelli que, entre otras cosas, otorga al Presidente de Estados Unidos la potestad de aplicar sanciones económicas a países que mantengan relaciones comerciales con Cuba y prohíbe el comercio de subsidiarias de empresas estadounidenses radicadas en terceros países con la Isla. Sin embargo, a pesar de dicha ley, Cuba comienza a expandir su comercio, obtiene algún financiamiento para determinadas actividades económicas y empresas de varias naciones comienzan a realizar inversiones y establecer vínculos económicos con el país. Por otra parte, en febrero de 1993, año más agudo de la crisis, se realizan elecciones, cuyos resultados demuestran fehacientemente el apoyo popular a la Revolución: el 99,7 por ciento de los electores emiten su voto y sólo el 7,3 por ciento lo hace en blanco o anula la boleta. No obstante, Estados Unidos recurre otra vez al intento de generar la subversión interna, actos terroristas, sabotajes, infiltración de agentes de la CIA, e intensifican la propaganda contra y hacia Cuba. Más de mil horas de radio se dirigen a la Isla. También priorizan la estimulación de las salidas ilegales del país, preferentemente mediante el robo de embarcaciones e incluso de aviones.
Esto último dio lugar, en julio de 1994, al incremento del robo de embarcaciones por parte de personas presionadas fundamentalmente por la situación económica, aunque hubo casos de asesinatos. En estas circunstancias se efectuaron los sucesos del remolcador Trece de Marzo, que fue abordado por más de 60 personas con la idea de viajar hacia Estados Unidos. A pesar de las advertencias sobre el mal estado de la embarcación, iniciaron la fuga perseguidos por otros remolcadores, uno de los cuales chocó con el perseguido y se produjo un accidente. Todas las embarcaciones que llegaron al lugar hicieron grandes esfuerzos de rescate, pero no pudieron impedir que perecieran unas 32 personas, entre ellos mujeres y niños. Ante estos hechos, el Gobierno cubano decidió no impedir las salidas ilegales, lo que obligó a el Gobierno estadounidense a sentarse a la mesa de negociaciones y firmar el 9 de septiembre de 1994 un acuerdo migratorio con Cuba.
Posteriormente los esfuerzos de derrumbe y desestabilización, volvieron a la carga, ahora con la Ley Helms-Burton. Esta ley estableció un bloqueo económico total, absoluto e internacional. También pretende impedir la inversión extranjera y cortar todo tipo de financiamiento y suministro desde el exterior del país. Establece diversas sanciones a las empresas y empresarios que mantengan relaciones económicas con Cuba. Además legaliza el apoyo de Estados Unidos a los grupos contrarrevolucionarios de la Isla y establece el derecho de ese país a determinar qué tipo de Gobierno, de sociedad y de relaciones deberá tener Cuba después de derrocada la Revolución.
Después de aprobada la ley en el Congreso de Estados Unidos, los grupos de ultraderecha aprovechan el incidente provocado por la organización contrarrevolucionaria de Miami Hermanos al Rescate cuando el 24 de febrero de 1996 se derriban dos avionetas que en diversas ocasiones habían violado el espacio aéreo cubano ―lo que había provocado varias advertencias al Gobierno de Estados Unidos― para presionar a la Administración estadounidense a que firmara la ley, que entró en vigor en agosto de ese mismo año. Ella no sólo ha concitado el rechazo de todo el pueblo cubano, sino de prácticamente la totalidad de los pueblos y Gobiernos del mundo, así como de las organizaciones e instituciones internacionales. Pruebas de ello son, entre otros, las votaciones contra el bloqueo en la ONU, el acuerdo de la OEA en rechazo a la Ley Helms-Burton, las posiciones de México y Canadá, de la Unión Europea y del Grupo de Río.
En enero de 1998 llega a La Habana el jefe de Estado del Vaticano, el papa Juan Pablo II, en visita pastoral a Cuba, cumpliendo una invitación del Estado y de la Iglesia cubana. Durante su estancia realizó cuatro misas (homilías) en las ciudades de Santa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba y La Habana. También sostiene encuentros con el presidente cubano Fidel Castro. Fue la primera visita de un Sumo Pontífice a la Isla.
Batalla de Ideas
El 5 de diciembre de 1999, el Gobierno revolucionario convocó a un acto para reclamar la devolución a Cuba del niño Elián González, ilegalmente retenido en los Estados Unidos. Ese momento y la lucha por el regreso de Elián se considera como el inicio de una nueva etapa en la historia nacional definida por Fidel Castro como «una batalla de ideas, de opinión pública nacional e internacional, de principios legales, éticos y humanos, entre Cuba y el imperio, que en nuestra patria es apoyada por una de las más grandes y combativas movilizaciones que ha tenido lugar a lo largo de nuestra historia».[37][38]
Tras la presión nacional e internacional, el 29 de junio del 2000 el niño regresó a Cuba acompañado de su padre.[39]
Durante la Batalla de Ideas, el Gobierno cubano desplegó una serie de proyectos y programas de alcance cultural y educacional, entre los que se encontraron la reparación de escuelas y centros médicos, la ampliación del acceso desde zonas apartadas a las tecnologías, especialmente la televisión, la creación de nuevos canales de televisión (Canal Educativo y Canal Educativo 2), el desarrollo de un programa de trabajadores sociales a fin ampliar la atención social y la entrega de varios equipos domésticos gracias a un crédito otorgado por el Gobierno chino. Uno de los símbolos más grandes de la etapa, es la fundación, en septiembre del año 2003, de la Universidad de las Ciencias Informáticas, uno de los pilares del llamado Proyecto Futuro, una estrategia encaminada a impulsar la informática en Cuba.
Otro de los objetivos durante la etapa fue el impulso de una campaña internacional a favor de la liberación de los cinco cubanos (Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino, Gerardo Hernández y René González) presos en los Estados Unidos.
Actualidad
El 31 de julio de 2006, el entonces presidente cubano, Fidel Castro, dio a conocer una proclama al pueblo de Cuba en que hacía entrega temporal de sus responsabilidades por razones de salud, ya que llegó un momento ―según sus propias palabras― «en que debido a su enfermedad (...) no podía seguir al frente del Gobierno».[40] En concordancia con lo dispuesto en la Constitución, su hermano Raúl Castro, entonces primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, asumió la presidencia de la nación de carácter interino. Posteriormente, el 24 de febrero de 2008, Raúl asumiría de manera oficial la presidencia de los Consejos de Estado y de Ministros. En su primer discurso como presidente expresó:
Desde un mismo inicio Raúl definió que uno de los ejes fundamentales de su política de Gobierno sería el perfeccionamiento de la economía, definiendo como ejes principales a la agricultura, la exportación, la inversión extranjera y el nacimiento de nuevas formas de empleos, en este caso el cuentapropismo, que durante su Gobierno tuvo un reimpulso.En agosto de 2010 fue aprobada por la Asamblea Nacional la Ley modificativa de la División Político Administrativa que marcó el nacimiento de las provincias de Artemisa y Mayabeque.
En abril de 2011 tuvo lugar el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, el cual aprobaron los Lineamientos de la Política Económica y Social,[42] punta de la lanza de la nueva estrategia del Gobierno y el Partido para lograr los objetivos trazados. Tras ello se pondría en marcha un profundo proceso de aprobación de medidas que darían cumplimiento a los esfuerzos de actualizar la política económica-social cubana.
Entre el 26 y el 28 de marzo de 2012, Benedicto XVI se convirtió en el segundo papa de la Iglesia católica en visitar Cuba. Durante su visita, que coincidió en medio de las celebraciones por el 400 aniversario del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, Benedicto XVI ofició dos misas, una en la ciudad de Santiago de Cuba y La Habana. Además sostuvo encuentros con el presidente Raúl Castro[43] y con su hermano, el expresidente Fidel Castro.[44]
Entre 2013 y 2014, Cuba presidió la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), hecho que se considera como «una victoria de la diplomacia cubana».[45][46]
En enero de 2014, Cuba fue sede de la II Cumbre de la CELAC, la cual contó con la presencia de la gran mayoría de los jefes de estado y de Gobierno de la región.
En la Sesión Constitutiva de la IX Legislatura, celebrada el 18 de abril de 2018 en el Palacio de Convenciones de La Habana, ocurré un hecho histórico tras se elegido como Presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República de Cuba, el compañero Miguel Mario Díaz - Canel Bermúdez, un dirigente político nacido después del triunfo revolucionario de 1959.[47].
Véase también
- Mitos de una confrontación histórica entre Estados Unidos y Cuba: Serie de argumentos que desbancan los mitos que, en torno al conflicto entre Estados Unidos y Cuba, pretendieron convertirse en verdades establecidas. Se presentan y analizan ocho de ellos, por considerarse los más importantes en cuanto a su recurrente mención en los círculos académicos foráneos.
- Mujeres en la guerra de independencia cubana: Como expresó Elda Esther Centos:[48] Centenares de rostros femeninos recorren las páginas de la llamada literatura de campaña, la mayoría de las veces de modo anónimo.
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- ↑ Ante la pérdida de respaldo electoral, Carlos Prío anunció este cambio de política para las elecciones parciales, que contemplaba la inclusión de ministros más técnicos en el Gabinete y la ruptura con Ramón Grau San Martín
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- ↑ Profesora e historiadora camagüeyana. Miembro Correspondiente de la Academia de la Historia de Cuba. Presidenta de la Unión de Historiadores de Cuba. Autora de varios libros, recibió, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Historia en 2015, la Distinción por la Cultura Cubana y el Reconocimiento La Utilidad de la Virtud.